En este sentido, detalló que los equipos fiscales intentan establecer “in situ” la veracidad de cada amenaza. “Muchas veces son llamadas y uno se da cuenta al escuchar que son de menores o de niños”, señaló. El funcionario recordó casos recientes que obligaron a evacuar hospitales, el Centro Cívico e incluso a analizar qué hacer con eventos masivos, como uno realizado en el Estadio Cerrado del Parque de Mayo con más de 8.000 asistentes.
Galvani subrayó que el Ministerio Público Fiscal trabaja de manera articulada con la Secretaría de Seguridad y Orden Público y con el Ministerio de Educación para abordar la problemática. También puso el foco en la concientización social: “A todos estos casos que han pasado últimamente y que terminaron en resarcimientos patrimoniales muy importantes, se les ha dado difusión justamente para que la opinión pública tome conciencia de la gravedad de los hechos”.
Respecto a las sanciones, el fiscal general no descartó un debate sobre endurecer medidas, aunque destacó que los resarcimientos económicos ya representan un castigo significativo. “Estos últimos casos han sido menores los que efectuaron este tipo de llamadas, que no dejan de alertar a la población, y no podemos dejarlas pasar por alto”, afirmó.
Finalmente, Galvani aclaró que no se trata de modificar los protocolos actuales, sino de aplicar ajustes que permitan mejorar la eficiencia y reducir el perjuicio económico y operativo que generan estas amenazas. “Se han puesto en estudio nuevas medidas, no a los efectos de modificar el protocolo, sino de establecer la entidad de la llamada y actuar en consecuencia”, explicó.
El contexto provincial muestra una tendencia preocupante: en lo que va del 2025 se registraron 15 amenazas de bomba, de las cuales ocho ocurrieron solo en el último mes. Este incremento genera alarma en la comunidad y obliga a destinar recursos que impactan en el presupuesto estatal.
Por Gabriel Rotter.
