Policiales
Jueves 02 de Agosto de 2018

Estos son los denunciados por el presunto robo de combustible en Salud

La fiscal del caso ya pidió que se abra la investigación. Ante el temor de ser detenidos, algunos ya presentaron un pedido de eximición de prisión.

A menos de una semana de haber estallado el escándalo, trascendieron los nombres de los 14 empleados de Salud Pública que fueron denunciados en la Justicia Penal por un supuesto robo de combustible. Además del jefe de movilidades, quedaron en la mira una mujer que era administrativa y una larga lista de choferes, entre los que se encuentra el cantante Claudio Videla. Fuentes vinculadas a la investigación aseguraron que algunos ya hicieron una presentación en Tribunales para intentar no ir presos.

Las fuentes dieron cuenta de que los denunciados son Sergio Montaño, Federico Montaño, Lautaro Vasconcelo, Jimena Vila, Juan Carlos Segovia, Edgardo Herrera, Juan Castro, José Maldonado, Fernando Vaca, Cristian Álvarez, Claudio Videla, Víctor Ponce, Pablo Cuenca y Martín Mereles. Además de estar bajo la lupa de la Justicia, la ministra Alejandra Venerando ordenó un sumario contra ellos y los desplazó del cargo.


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Vila era la única empleada administrativa. Del resto, que eran choferes, Sergio Montaña cumplía funciones como jefe de movilidades y Videla es conocido en el ambiente del folklore, ya que integra el dúo Los Hermanos Videla.


Las sospechas de que algo no andaba bien surgieron en diciembre y Venerando decidió abrir una investigación interna. Los datos obtenidos confirmaron irregularidades en el manejo del combustible y el miércoles de la semana pasada, la ministra dio la orden de denunciar la situación en la Justicia Penal.


Cada chofer tiene una tarjeta otorgada por Salud Pública para cargar combustible y una clave que es personal e intransferible. El sistema permite hacer un pormenorizado seguimiento y control (trazabilidad) del uso de la nafta y eso fue clave para sacar a la luz el escándalo.


La sospecha más firme es que los empleados denunciados usaban el sistema, además, para cargar combustible en sus vehículos particulares. Y no descartan que haya existido complicidad de playeros porque, de haber sido así, llamativamente nadie se daba cuenta de que las patentes no se correspondían con las autorizadas por la cartera sanitaria.


Las fuentes confiaron algunas de las maniobras que supuestamente utilizaron los apuntados. Por ejemplo, se hacían varias cargas de litros de combustible con la misma clave y tarjetas distintas con una diferencia de muy pocos minutos, otra realizada con la clave de un empleado que estaba de vacaciones y fuera de la provincia y muchas en horario de madrugada, cuando ninguna movilidad estaba autorizada a circular porque no había misión oficial que cumplir.


Controlando los datos que ofrece el sistema de tarjetas, en Salud sostienen que el perjuicio contra las arcas públicas fue de unos 200 mil pesos. Esto, porque los vehículos recorrieron mucho menos kilómetros en comparación a lo que deberían haber circulado con ese equivalente de dinero en combustible.


De todas maneras, el fraude podría ser mayor. Sucede que la información que consta en el expediente judicial es de 2016 y todo 2017 y nadie descarta que las maniobras vengan desde esa época.


Lo otro que les endilgan a los choferes es abusos con las movilidades. Las fuentes aseguraron que hay pruebas de que en algunas oportunidades, en lugar de guardarlas en el galpón oficial, se las llevaban a su casa durante el fin de semana para salir con sus familias y que los días laborables acercaban a los chicos al colegio y a las parejas al trabajo.


Hay un caso que complica y mucho a su autor, de quién hasta ahora no se sabe cuál de los 14 es. Las fuentes revelaron que utilizaba un vehículo de Salud Pública para irse a pescar a Jáchal y Valle Fértil.


La fiscal de la causa es Claudia Salica, quien ya solicitó abrir la investigación por entender que hay un presunto delito. Enterados de esto, contaron las fuentes, un grupo de involucrados presentó por separado ante el magistrado un pedido de eximición de prisión.


En sede administrativa, los denunciados ya no están en sus cargos. Tres eran contratados y los echaron y los demás quedaron suspendidos en sus funciones, hasta que la Justicia resuelva. Si alguno es encontrado culpable, además de la condena judicial, será exonerado del Estado.

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