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Miércoles 09 de Mayo de 2018

Este es el listado de países que solicitaron los créditos como al que quiere acceder Argentina

El préstamo está diseñado para satisfacer las necesidades de liquidez de los estados con sólidos fundamentos económicos, pero con algunas vulnerabilidades residuales.

La Argentina volverá a firmar, tras quince años, un acuerdo con el FMI para obtener un crédito que le permita reforzar preventivamente sus cuentas públicas y afrontar necesidades financieras.


¿Pero qué clase de crédito tomará la Argentina del organismo dirigido por Cristine Lagarde y qué otros países han solicitado el mismo préstamo al FMI? Según anunció el presidente Mauricio Macri esta tarde, su Gobierno pidió una "línea de apoyo financiero de manera preventiva" para tener "mayor respaldo", ante la nueva disparada del dólar.


La Línea de precaución y liquidez está diseñada para satisfacer de manera flexible las necesidades de liquidez de los países miembros con sólidos fundamentos económicos, pero con algunas vulnerabilidades residuales limitadas que les impiden utilizar la Línea de crédito flexible (FCL). Hasta la fecha, dos países, la ex República Yugoslava de Macedonia y Marruecos, han utilizado el PLL.


El PLL combina un proceso de calificación (similar al de la FCL pero con una barra inferior) con una condicionalidad ex-post enfocada dirigida a abordar las vulnerabilidades moderadas restantes identificadas durante la calificación.


Cabe recordar que, el último acuerdo entre la Argentina y el FMI había sido firmado en enero del 2003, bajo la presidencia de Eduardo Duhalde, por el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, y el ex ministro de Hacienda de este gobierno, Alfonso Prat Gay, quien entonces se desempeñaba como presidente del Banco Central. La carta de intención de ese convenio preveía la reprogramación de vencimientos de la deuda hasta el 31 de agosto de 2003 y el pago de 1.065 millones de inmediato vencimiento que el gobierno no podía enfrentar.



En ese entonces, el Ministerio de Economía explicó que el acuerdo cubría solo período enero-agosto de ese año, durante el cual operan vencimientos con el FMI por U$S 6.600 millones, monto que sumado a los U$S 5.112 millones ya refinanciados por ese organismo elevaban la deuda de la Argentina con el organismo a 11.712 millones de dólares.



Por el FMI firmaron entonces el acuerdo el subdirector de Departamento para el Hemisferio Occidental del FMI, John Dodsworth, y el responsable del denominado "caso argentino", John Thorton. Ese pasivo terminó de saldarse cuando el presidente Néstor Kirchner decidió la cancelación anticipada de la deuda total de la Argentina con ese organismo, en el año 2005. Las relaciones con el organismo internacional de crédito quedaron congeladas hasta la presidencia de Mauricio Macri, quien normalizó las negociaciones hace dos años atrás cuando asumió a la Presidencia.


Egipto obtuvo en noviembre un acuerdo ampliado de tres años por un importe de unos u$s 12.000 millones "para apoyar el programa de reforma económica de las autoridades".


Ucrania alcanzó una línea de crédito de u$s 17.500 millones en septiembre de 2015, u$s 5 mil millones de ellos para desembolso inmediato, y entregas de fondos adicionales basados en revisiones trimestrales y criterios de rendimiento.


Kenia obtuvo la aprobación de un acuerdo por u$s $ 1.500 millones en 2016 en esa modalidad sujeto a varios tramos por revisiones a que debió recurrir por "la vulnerabilidad de la economía a los impactos, como consecuencia de las condiciones menos favorables del mercado financiero mundial".


Países en la Línea de Crédito Flexible


Sin embargo, la línea de crédito que gestionaría Dujovne estaría en sintonía con las alcanzadas por Polonia, México y Colombia, denominada "Línea de Crédito Flexible" (LCF), creada para atender la demanda de "préstamos de prevención y mitigación de crisis" de países con cierta consistencia comprobada y determinado nivel de reformas alcanzado.

El primer acuerdo de Polonia fue aprobado por la Junta Ejecutiva del FMI en enero de 2015 por u$s 10.000 millones por dos años, y fue seguido por cuatro arreglos posteriores destinados a proporcionar "amortiguadores adicionales frente a las conmociones externas".

La línea FCL brinda la flexibilidad de recurrir a la línea de crédito en cualquier momento, o la trata como precaución. Los desembolsos no se realizan por etapas ni están condicionados al cumplimiento de los objetivos de política como en los programas tradicionales. Es una línea de crédito renovable, que puede aprobarse por uno o dos años, no hay un tope en el acceso a los recursos y se determina caso por caso.

Polonia finalizó su acuerdo con el FMI en noviembre de 2017, luego de fortalecer sus reservas de divisas y su política fiscal.

En la misma línea, México alcanzó un acuerdo de dos años por u$s 88 mil millones en noviembre de 2017. Las autoridades mexicanas manifestaron su intención de obtenerlo como "precaución".

Los pedidos del FMI se orientaron entonces a mantener "un camino de consolidación que lleve a una reducción de la relación deuda pública / PIB a mediano plazo".

Advertía además que "los estrechos vínculos de México con la economía global, particularmente con los Estados Unidos, su economía sigue estando expuesta a riesgos externos tanto a través de los canales comerciales como financieros".

"El ambiente de riesgo global ha mejorado, pero el riesgo de un cambio abrupto en las relaciones comerciales de México, o de un aumento en la volatilidad de los mercados financieros y una brusca recuperación del capital de los mercados emergentes, sigue siendo alto", agregaba.

El nuevo acuerdo apuntaba a "proporcionar un seguro contra riesgos externos y reforzar la confianza del mercado".

Aunque llamaba a hacer hincapié en "la implementación constante de los planes de consolidación fiscal en curso, el continuo anclado de las expectativas de inflación, la reconstrucción gradual de reservas de reservas, una fuerte supervisión del sistema financiero nacional y la implementación firme de reformas estructurales".

Por último, Colombia llegó a un acuerdo de dos años por una cantidad de alrededor de u$s 11.350 millones.

"Los riesgos globales han aumentado con el potencial de aumentar la severidad de los chocks que Colombia podría sufrir, a pesar de la solidez de sus fundamentos y sus políticas", advertía el organismo.

El nuevo acuerdo proporcionaría "amortiguadores y flexibilidad política" y serviría "como un seguro temporal para reforzar la confianza del mercado". El gobierno colombiano manifestó entonces su intención de tratar el acuerdo como "precaución".




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