Las protestas de organizaciones populares de Perú contra la presidenta Dina Boluarte, que en una primera fase dejaron alrededor de 70 muertos en la represión policial y militar, se reanudarán este martes con una llamada “toma de Lima”, esperada con gran expectativa.
Aunque medios de prensa estiman que unas 30.000 personas podrían llegar a Lima desde el interior, especialmente desde los Andes sureños, analistas estiman que el número será muy inferior, pues en varias zonas, según definió el politólogo de la ciudad de Trujillo Martín Ueda, “el ambiente está apagado”.
Ueda expuso para Télam dos razones por las que la convocatoria no ha tenido el alcance que logró entre diciembre y marzo pasados: por un lado, la intimidación lanzada por el gobierno y sus aliados, y, por otro, la falta de conexión de los convocantes con las bases. “No hay liderazgos visibles, especialmente en el norte, aunque las razones de malestar siguen vigentes”, señaló el politólogo.
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El gobierno de Boluarte, criticado por la represión que dejó 49 muertos en choques directos -todos civiles- y cerca de una veintena más si se incluyen hechos colaterales, ha estado activo en el anuncio de medidas de contención que, entre otras cosas, incluyen una vigilancia en las afueras de la capital sobre quienes llegan. Esa operación, bautizada como “abanico verde”, por el despliegue de los uniformados, apunta a desestimular a los potenciales viajeros y forma parte de un plan a cargo del ministro del Interior, Vicente Romero, general retirado de la Policía.
“Boluarte y (el primer ministro) Alberto Otárola toman al 19 de julio como el Día D de su gobierno y comentan que, de superar la crisis que genere la protesta, podrán quedarse sin problemas hasta 2026”, cuando termina el período de gobierno, dijo una fuente de la Dirección Nacional de Inteligencia. De acuerdo con esa versión, Boluarte, Otárola y sus aliados articulan decisiones para poner el aparato del Estado al servicio de la contención de la protesta, lo que supuestamente incluye la entrega de fondos extra para Defensa.
Una resolución que transfiere a Defensa 12,2 millones de soles (3,8 millones de dólares) fue expedida la semana pasada por el Ministerio de Economía, con el argumento de que se busca que cuerpos de inteligencia y contrainteligencia “impulsen la reactivación económica al mitigar los riesgos de pérdidas económicas”.