Desde bloques aliados adelantaron que la nueva iniciativa entraría después de la integración de la comisión de Justicia de la Cámara Baja, que quedó a cargo de Álvaro Martínez (LLA). De todos modos aclararon que, pese a la iniciativa original que planteaba el piso de imputabilidad en 13 años, que estaba acordado con el oficialismo de antemano que el consenso era que partiera desde los 14. Cambio clave que el Gobierno decidió aceptar para agilizar el avance de la iniciativa en el Congreso.
Desde el oficialismo plantearon que la iniciativa se habría retirado por objeción administrativa y que sigue vigente el dictamen de 2024, al que le sumarían partidas presupuestarias contempladas en el nuevo proyecto. El proyecto retirado contemplaba más de $23 mil millones de financiamiento para la norma. En detalle, más de $20 mil millones para la Defensoría General de la Nación y más de $3 mil millones para el Ministerio de Justicia.
A diferencia del dictamen de 2025, que determinaba que los gastos que generara la ley se solventarían con “los recursos que se incluyan en las leyes presupuestarias correspondientes a cada ejercicio”. Ese texto indicaba: “Al efecto de su implementación durante el ejercicio presupuestario correspondiente al año de su entrada en vigencia, el jefe de Gabinete de Ministros deberá disponer la reasignación de las partidas correspondientes para el cumplimiento de sus disposiciones”.
