La investigación, liderada por los fiscales Claudio Oviedo, Marisa Monti y Patricio Pagani de la UFI N.º 5 del Departamento Judicial Morón, determinó que el agresor utilizó identidades falsas en Instagram y WhatsApp para ocultar su edad adulta y fingir ser un adolescente, logrando así engañar y dominar a la menor.
Los hechos ocurrieron entre enero de 2020 y febrero de 2023 en Ituzaingó y Hurlingham, provincia de Buenos Aires. Según la resolución judicial, el abuso comenzó con la solicitud de imágenes en ropa interior bajo el pretexto de una campaña de modelaje, y escaló hacia exigencias de material desnudo y videollamadas con contenido explícito, siempre bajo amenazas de divulgar el material si la víctima se negaba.
En Cámara Gesell, la víctima expresó: “Mucho tiempo fue esto de fotos y videos, después fueron más videollamadas, que él me pedía... todo en contra de mi voluntad. Yo no quería.” Además, Novillo extorsionó económicamente a la familia, a través de la obtención fraudulenta de datos de tarjetas de crédito y débito, generando un perjuicio estimado en $350.000. La madre relató: “el daño sufrido es inconmensurable... fueron 48 plásticos que tuvimos repuestos en este tiempo, es una suma aproximada la de la pérdida económica.”
719 archivos
La investigación detectó que el agresor, desde su lugar de detención en un penal bonaerense, controlaba una billetera digital llamada "Prex Card", creada a nombre de una tercera persona. En su celular se encontraron 719 archivos con contenido de abuso sexual infantil.
El informe psicológico oficial, realizado cuando la víctima tenía 15 años, reveló síntomas de trauma psíquico severo, baja autoestima, trastornos del sueño y conductas autodestructivas. La joven comentó: “No me gusta que me vean llorando, pienso que me vería débil”, y describió el miedo que la acompañó tras revelar lo sucedido: “las primeras noches después de contarlo dormí con un cuchillo al lado o con mis papás.”
Novillo fue declarado culpable de abuso sexual con acceso carnal, producción y tenencia de imágenes de abuso infantil, promoción de la corrupción de menores, extorsión y defraudación mediante tarjetas de crédito. Su historial delictivo incluye condenas previas en 2008, 2012 y 2017 por delitos semejantes. El caso salió a la luz cuando la víctima confió en una docente, quien activó la intervención judicial. La sentencia marca un hito al reconocer que la violencia sexual puede ejercerse a través de entornos digitales, señalando la necesidad de adaptar el Derecho penal a estas nuevas formas de abuso en la era digital.
