Todos ellos quedarán detenidos en la Superintendencia de Investigaciones Federales hasta tanto la justicia resuelva sus pedidos de prisión domiciliaria. El trámite podría demorar entre una o dos semanas. Hasta que eso no ocurra no será trasladados a una unidad del Servicio Penitenciario Federal (SPF). El único que por el momento no fue derivado a la Superintendencia fue Fernández, sino que fue enviado al Cuerpo Médico Forense para determinar su estado de salud porque se lo vio en malas condiciones.
El sexto es Julio Mendoza, ex presidente de Austral Construcciones pero su defensa informó que desde el viernes está internado por una “descompensación”. El viernes fue el día que se ordenó su detención. La defensa llevó a la justicia documentación que será analizada. El juez del Tribunal Oral Federal 4 Néstor Costabel le ordenó a la Policía Federal una “consigna policial permanente” hasta que tenga el alta médica para que luego sea detenido.
Todos tenían que presentarse a las 10:30 horas. Así lo dispuso el viernes Costabel luego del pedido del fiscal federal Abel Córdoba. Se trata de los condenados del caso que nunca estuvieron detenidos y que tienen penas de cumplimiento efectivo.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la semana pasada las condenas de todos los condenados por el lavado de 55 millones de dólares del empresario de Lázaro Báez que se hizo mediante empresas y bancos en el extranjero.
Las defensas de los seis condenados ya pidieron sus prisiones domiciliaria por razones de salud o de edad, ya que tienen más de 70 años varios de ellos. Sobre esos planteos, el juez resolvió analizarlo en legajos apartes. Es un proceso que lleva la realización de estudios médicos y determinar si en prisión sus patologías pueden ser atendidas.
Tras el fallo de la Corte Suprema, la justicia también deberá analizar la situación de Báez, condenado a 10 años de prisión, y de otros acusados. Se trata de los que ya estuvieron detenidos o lo están -como el caso del empresario que tiene un régimen de detención domiciliaria en Santa Cruz- sobre los que se debe hacer el cómputo de la pena: determinar si ya la cumplieron con el tiempo que estuvieron detenidos.
Lázaro Báez estuvo preso en la causa desde abril de 2016 hasta diciembre de 2019 cuando quedó en libertad. Sin embargo, el empresario siguió detenido bajo la modalidad de arresto domiciliario por otro expediente. También es por lavado de dinero por la compra del campo “El Entrevero”, en Uruguay, en el que fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión. Esa condena no está firme.
Sobre el tiempo que Báez lleva preso en la causa de la “Ruta del dinero K” se puede plantear una discusión. Su defensa entiende que se debe tomar todo el tiempo que lleva preso. Tanto los tres años que estuvo en la cárcel federal de Ezeiza, como los cinco años y medio que lleva en domiciliaria. Eso es nueve años y seis meses, por lo que condena de 10 años ya estaría cumplida. Ahora deberá opinar el fiscal y luego resolver el tribunal.
Pero hay fallos de la Cámara Federal que establecieron que para el caso de Báez en la “Ruta del dinero K” se debe tomar solo los tres años que estuvo en la cárcel porque luego en ese expediente fue excarcelado y la prisión domiciliaria lo cumplió en otro.
Martín Báez, hijo del empresario y también condenado en la causa, estuvo cuatro años y medio (desde enero de 2019 hasta que fue excarcelado en junio de 2023). Por su parte, Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín tienen una situación similar a la de Lázaro Báez: estuvieron en prisión por esta causa hasta que fueron liberados, pero siguieron detenidos en domiciliaria por la causa del campo “El Entrevero”. Chueco quedó en libertad en junio de 2020 y Pérez Gadín en noviembre del año pasado. En esos casos el tribunal deberá analizar si con los cómputos ya cumplieron las condenas y así no deben ser detenidos nuevamente.
