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Díaz Cano participó de una reunión para debatir la ley de venta de tierras a extranjeros

El ministro de Producción de la provincia participó de una reunión con sus pares de otras provincias para poder informarse sobre el contenido del decreto firmado por Macri.

El ministro de Producción, Andrés Díaz Cano, participó de una reunión con sus pares de todo el país para analizar la nueva ley de venta de tierras a los extranjeros.
El funcionario local explicó detalles del decreto que firmó el presidente Macri y dentro del cual los funcionarios de las provincias deberán incluir detalles como el porcentaje de terrenos disponibles.

En julio el presidente Macri modificó por decreto la ley de tierras rurales para quitar restricciones a la venta de campos a extranjeros y conminó a las provincias a definir en 30 días los límites de hectáreas que se pueden adquirir en cada distrito.

Mediante el decreto 820, el gobierno modificó la ley 26.737, aprobada por el Congreso en 2011, que restringía la compra de tierras por parte de personas físicas o jurídicas de nacionalidad extranjera.

En primer lugar, definió que si un extranjero posee "más del 51 por ciento del capital social de una persona jurídica, dicha persona jurídica será considerada extranjera". En la norma original se definía como extranjero a quien sea titular de "un porcentaje superior al 25 por ciento".

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Además, el decreto modificó un elemento de la ley que indica que los titulares extranjeros no pueden adquirir más de 1.000 hectáreas cada uno "en la zona núcleo o superficie equivalente según la ubicación territorial".

El decreto presiona a las provincias para que en los próximos 30 días definan esas "equivalencias", en alusión a los límites de hectáreas que se pueden adquirir en cada distrito y advierte que, en caso contrario, el Consejo Interministerial de Tierras Rurales las fijará en los 15 días posteriores al vencimiento de ese plazo. Este consejo estará integrado por los ministros de Justicia, Agroindustria, Interior, Ambiente y Defensa.

FAA en llamas. La decisión encendió la protesta de distintas organizaciones productivas y sociales. Principalmente, la Federación Agraria Argentina (FAA), que aseguró que al presidente "no le tiembla la mano para favorecer a los intereses extranjeros".

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