La iniciativa del Ministerio Público Fiscal de Argentina fue impulsada por un pedido de las víctimas, quienes, representadas por el abogado Tomás Farini Duggan, apelaron al principio de justicia universal para denunciar los crímenes en Argentina. Durante la audiencia, seis venezolanos expusieron los tormentos que padecieron, y uno de los testimonios resultó particularmente relevante: el de un fiscal venezolano, cuyo relato cuestionó la idea de que estos delitos debían ser juzgados exclusivamente en Venezuela.
Farini Duggan, representante del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) y de la Fundación Internacional para la Libertad, presidida por el premio Nobel Mario Vargas Llosa, solicitó la declaración indagatoria y la captura internacional de Maduro por delitos de lesa humanidad. Este pedido surge tras un repaso de los avances en la investigación.
Entre los crímenes denunciados, se destacó la desaparición de Rocío San Miguel y los abusos y ejecuciones ocurridos durante las convulsionadas elecciones presidenciales de julio en Venezuela, tras el fraude cometido por el régimen chavista.
“La justicia argentina se encuentra en una oportunidad histórica, exigiendo que lo responsables de la peor dictadura cívico militar han transformado a Venezuela en un centro de torturas”, dijo Farini Duggan a los jueces argentinos, al reclamar que todas las denuncias sigan encuadradas en una misma investigación central.
“Se trata de un plan sistemático de un gobierno que busca perpetuarse en el poder bajo una forma de dictadura cívico-militar y comete crímenes de lesa humanidad. Todo se ordena desde las más altas esferas del gobierno de Nicolás Maduro”, agregó.
Asilados en la embajada de Argentina en Caracas
Tras las elecciones fraudulentas del 28 de julio, la dictadura de Maduro aumentó su persecución contra la disidencia. Entre estos, contra los líderes Pedro Urruchurtu Noselli, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Omar González, Fernando Martínez y Mottola Magalí Meda, quienes se encuentra asilados en las embajada Argentina en Caracas, Venezuela.
Los opositores se refugiaron luego de que la Fiscalía chavista los acusara de varios delitos, como “conspiración” y “traición a la patria”, entre otros.
A finales de julio, este grupo de opositores denunció que “funcionarios de seguridad del régimen” estaban a las afueras del lugar y buscaban “tomar esta sede diplomática”, lo que calificaron como una “grave violación al derecho internacional”.
Desde agosto, Brasil se ocupa de la custodia de las sedes diplomáticas de Perú y Argentina en Venezuela, así como de la representación de sus intereses y ciudadanos en el país caribeño, tras la expulsión de los miembros de ambas legaciones.
Además de Perú y Argentina, la dictadura de Maduro también exigió a Chile, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Uruguay el retiro “inmediato” de sus representantes, en rechazo a sus “injerencistas” declaraciones sobre las presidenciales del 28 de julio.