El documento, que será presentado por el Ministerio Público Fiscal, busca garantizar transparencia, criterios claros y mayor previsibilidad en los procesos penales.
El Ministerio Público Fiscal de San Juan presentará el próximo lunes 27 el Manual de Política de Persecución Penal, una herramienta clave que fijará lineamientos concretos para la actuación de fiscales y el desarrollo de las causas judiciales en la provincia.
El eje central de esta iniciativa es dotar al sistema penal de mayor transparencia y previsibilidad, mediante la definición de criterios generales, escritos y anticipados que orienten el ejercicio de la acción penal pública y reduzcan la discrecionalidad.
La propuesta surge por impulso del fiscal general, Dr. Guillermo Baigorrí, quien remarcó la necesidad de establecer reglas claras que no queden sujetas a interpretaciones variables. Según explicó, el objetivo es fortalecer el principio de igualdad ante la ley y brindar mayor seguridad jurídica en cada etapa del proceso penal.
El Manual aborda distintos aspectos centrales de la política criminal, entre ellos la atención a las víctimas, el respeto de los derechos del imputado, la ejecución de penas, la articulación con fuerzas de seguridad y los criterios de comunicación institucional.
Su elaboración comenzó el 17 de diciembre de 2025, con la conformación de una comisión redactora integrada por representantes de las Unidades Fiscales de Investigación, la Fiscalía de Impugnación, la Secretaría de Estado de Seguridad, la Policía de San Juan y el Servicio Penitenciario Provincial.
El equipo trabajó con reuniones semanales hasta principios de abril, cumpliendo los plazos previstos. El documento será ahora difundido en todas las áreas vinculadas al sistema penal, con el objetivo de optimizar la labor coordinada y reducir errores en las distintas etapas, desde el manejo de la evidencia hasta la resolución de los casos.
Con esta implementación, San Juan da un paso hacia un modelo más ordenado y transparente en la persecución penal, consolidando herramientas que apuntan a mejorar el funcionamiento del sistema judicial.
