"Ruta del dinero K": la Corte recibió fondos y bienes de Lázaro Báez
El máximo tribunal informó que ingresaron más de 238 mil dólares y 4 millones de pesos provenientes de cuentas y subastas del empresario condenado.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó que recibió 238.720 dólares incautados al empresario Lázaro Báez de distintas cuentas, además de 4,17 millones de pesos obtenidos de la subasta de dos aviones. Los fondos fueron transferidos por el Tribunal Oral Federal 4, a cargo de Néstor Costabel, en cumplimiento de la orden de avanzar con el decomiso de bienes hasta cubrir más de 60 millones de dólares, tal como lo estableció la condena en la causa conocida como “Ruta del dinero K”.
A comienzos de diciembre, la Corte inició el operativo para inscribir los bienes decomisados bajo su titularidad, conforme a lo dispuesto por el Código Penal y el Código Procesal Penal de la Nación, con el objetivo de devolverlos al Estado Nacional.
El fallo y las cifras del decomiso
La sentencia dictada en abril de 2021 por el TOF 4 fijó el decomiso de aproximadamente 61,13 millones de dólares, distribuidos en partidas de 54,87 millones, 5 millones, 307.994 y 950.000 dólares, además de montos en pesos ajustados por inflación. La decisión fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal en 2023 y, finalmente, por la Corte Suprema en mayo de 2025, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron los recursos de los condenados.
image
El proceso de ejecución de los decomisos generó controversias cuando el Gobierno nacional creó, mediante el Decreto 575/2025, el Consejo de Bienes Recuperados bajo la órbita del Ministerio de Justicia, que conduce Mariano Cúneo Libarona. La medida fue cuestionada por la Corte, que había establecido que corresponde a los jueces penales administrar estos activos para preservar la independencia judicial.
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) presentó una demanda por intromisión en las competencias del Poder Judicial. En octubre, el juez federal Pablo Cayssials concedió una cautelar que frenó la aplicación del decreto, al considerar que alteraba de manera inconstitucional el sistema de gestión de bienes ilícitos y afectaba la autonomía presupuestaria de la Corte.
La investigación judicial determinó que entre diciembre de 2010 y abril de 2013 funcionó una organización criminal que, a través de Austral Construcciones y la financiera SGI, expatrió y reingresó fondos ilícitos por más de USD 54,8 millones. El dinero circulaba por bancos internacionales con escasos controles y luego se utilizaba para adquirir bonos de deuda pública, simulando inversiones extranjeras en la empresa de Báez.
"La Rosadita"
Además del capítulo conocido como “La Rosadita”, el tribunal acreditó maniobras de lavado independientes: la compra de la estancia El Carrizalejo en Mendoza, un departamento en la avenida Del Libertador en Buenos Aires, el financiamiento de la fastuosa boda de Leonardo Fariña y Karina Jelinek, y la adquisición de autos de lujo como un Ferrari California, BMW X6 y Audi R8 Spyder, con la participación de empresarios como Carlos Molinari y Daniel Bryn.
