Glaciares: el Senado debate una reforma clave para San Juan
Con el aval de Villarruel, el jueves 26 se debatirá la reforma impulsada por el Gobierno. El proyecto impacta de lleno en San Juan y redefine qué glaciares quedarían protegidos.
El Senado de la Nación debatirá este jueves 26 de febrero, desde las 11, la reforma a la Ley de Glaciares en una sesión especial convocada en el marco de las extraordinarias. El proyecto, elaborado por el Ejecutivo nacional y con participación de la gestión orreguista según señalaron fuentes locales, tiene alto impacto para San Juan, donde el sector minero viene reclamando cambios para avanzar con estudios y explotaciones en Iglesia y Calingasta.
La convocatoria formal ingresó el 20 de febrero por Mesa de Entradas y lleva la firma de jefes de bloque y senadores aliados del oficialismo, entre ellos Patricia Bullrich (La Libertad Avanza), Flavia Royon, Edith Terenzi, Carmen Álvarez Rivero, Agustín Coto y Martín Goerling. El pedido fue dirigido a la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, quien dio el visto bueno para la sesión.
El punto clave: quién define qué glaciar se protege
La reforma introduce cambios sustanciales en la Ley 26.639, sancionada en 2010, que actualmente prohíbe actividades como la minería en glaciares y ambientes periglaciares incluidos en el Inventario Nacional de Glaciares.
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Uno de los ejes más sensibles establece que equipos técnicos provinciales podrán determinar si un glaciar o geoforma periglacial cumple o no función de reserva de agua. Si concluyen que no la cumple, podrán excluirlo de la protección efectiva, aun cuando el IANIGLA no lo haya retirado formalmente del inventario.
El texto indica que, ante ese planteo, el organismo nacional “deberá eliminarlo” del registro y que su omisión o demora “no afectará la validez de la autorización otorgada” para realizar una Evaluación de Impacto Ambiental. En la práctica, abre la puerta a que las provincias autoricen actividades mineras en zonas donde existan formaciones con hielo que no sean consideradas estratégicas para el recurso hídrico.
En la norma vigente, si un glaciar figura en el inventario, no se puede desarrollar minería. La modificación cambia ese criterio y traslada el eje de decisión a cada jurisdicción.
Cambios en las prohibiciones
La iniciativa también modifica el artículo que enumera las actividades prohibidas. La explotación minera ya no estaría automáticamente vedada en glaciares y ambientes periglaciares, sino que quedaría sujeta a que la provincia la clasifique como una “alteración relevante” a través de una Evaluación de Impacto Ambiental.
Además, el proyecto mantiene la creación del Inventario Nacional de Glaciares, pero establece que se individualizarán aquellas formaciones que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas.
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En la ley actual, se incluían todos los glaciares y geoformas que actúan como reservas hídricas. El nuevo texto apunta específicamente a aquellos que tengan un rol hídrico comprobado, lo que podría dejar fuera de protección a otros cuerpos de hielo.
También incorpora un artículo que indica que los glaciares incluidos en el inventario seguirán protegidos hasta que la autoridad ambiental competente —es decir, la provincia— verifique que no cumplen con funciones de reserva de agua o recarga de cuencas. A partir de esa constatación, dejarán de estar alcanzados por la ley.
Impacto político y económico
El debate no es menor para San Juan. Gobernadores y sectores ligados a la megaminería impulsan la flexibilización del marco normativo para habilitar inversiones en zonas actualmente vedadas. Empresas del sector siguen de cerca la discusión parlamentaria, ya que una modificación podría destrabar proyectos estratégicos.
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En paralelo, organizaciones ambientalistas y sectores científicos advierten que los cambios podrían debilitar las salvaguardas ambientales y comprometer la seguridad hídrica en un contexto de crisis climática.
La Comisión Episcopal de Pastoral Social también expresó “profunda preocupación” por la posible modificación, al considerar que la ley representa un hito en la protección de reservas estratégicas de agua dulce y que el acceso al agua potable es un derecho humano básico.
Una semana clave en el Senado
La jornada del jueves incluirá también el tratamiento del Régimen Penal Juvenil, que fija la edad de imputabilidad en 14 años y ya cuenta con media sanción de Diputados. El viernes 27, la Cámara alta debatirá la Reforma Laboral y el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, en lo que será el cierre del período extraordinario dispuesto por el Decreto 24/2026.
Con reformas estructurales sobre la mesa y fuerte tensión política, el Senado afrontará dos jornadas consecutivas de debate que impactan en el régimen ambiental, el sistema penal juvenil y el mercado de trabajo. Para San Juan, la discusión sobre glaciares no es abstracta: puede redefinir el futuro de su matriz productiva y el equilibrio entre minería y protección del agua.
