Sin embargo, ya lo dice el refrán: "Hecha la ley...". Desde comienzo de año, prácticamente todos los precandidatos han logrado escabullirse a la prohibición, echando mano a recursos como la publicidad oficial de los distritos en los que gobiernan, como también a otras herramientas más creativas, tales como lanzamientos editoriales, convenientemente publicitados. Quienes corren con el caballo del comisario tendrán como fecha límite el 25 de julio, cuando comenzará a regir la prohibición para la realización de actos públicos de gobierno.La campaña anticipada está en la mira de la Cámara Nacional Electoral desde mayo pasado,cuando en un fallo hizo una advertencia e instó a los jueces a sancionar las prácticas ilícitas. "La publicidad fuera de plazo no solo implica un factor de desigualdad entre quienes participarán de la elección, sino que también conlleva un alto grado de opacidad respecto de la identidad de las fuentes de financiamiento en la medida en que no se declare, para conocimiento público, quiénes aportan los recursos económicos -en dinero o en especie- con los que se financia la promoción de dichos postulantes ni qué cantidades se destinan a ese objeto", afirmó.También los gastos de quienes fueron "bañados de humildad" están en la mira de la Justicia electoral. Legalmente, sólo los inscriptos como precandidatos están obligados a informar sus gastos, pero el presidente de la Cámara Nacional Electoral, Santiago Corcuera, dijo en abril pasado que en el caso de que los "caídos" no informen sus gastos, los imputarán a las campañas de quienes están en carrera, deduciéndolo del límite de 85 millones de pesos que pone la ley como tope para las campañas.
