La audiencia está prevista para el próximo 16 de junio, oportunidad en la que el fiscal de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, Guillermo Heredia, presentará el entendimiento alcanzado junto a la defensa encabezada por el abogado Omar Quiroga. Debido a que ambos imputados residen en San Luis, no se descarta que participen por videoconferencia.
La historia comenzó a fines de 2024. Tras trabajar durante 15 años en Veladero, uno de los principales yacimientos mineros del país ubicado en Iglesia, Roberto Sarmiento fue desvinculado de la empresa Minera Andina del Sol.
Como parte del acuerdo laboral, recibió una indemnización superior a los $107 millones, una cifra elevada pero habitual dentro de una actividad que maneja salarios significativamente superiores al promedio nacional.
Sin embargo, apenas unos días después ocurrió lo inesperado. Por un error administrativo interno, la empresa volvió a transferir prácticamente el mismo monto a la cuenta del ex trabajador.
La falla fue detectada rápidamente y desde la compañía intentaron comunicarse con Sarmiento para solicitar la devolución de los fondos. Según la investigación, el ex empleado manifestó inicialmente que reintegraría el dinero una vez acreditado, aunque eso nunca ocurrió.
Lo que inicialmente parecía un conflicto derivado de un error contable comenzó a adquirir otra dimensión cuando la Fiscalía accedió a los movimientos bancarios. De acuerdo con la acusación, apenas recibió la segunda transferencia, Sarmiento trasladó los fondos a una cuenta bancaria a nombre de su esposa, Myriam Muñoz.
Ese movimiento fue considerado por los investigadores como un elemento clave dentro de la causa. A partir de allí, la pesquisa avanzó bajo la hipótesis de una presunta estafa y la mujer también quedó imputada.
Mientras tanto, las cuentas vinculadas al matrimonio fueron bloqueadas judicialmente y los fondos quedaron inmovilizados.
Una disputa judicial entre San Juan y San Luis
La investigación también atravesó un conflicto de competencia que demoró el avance del expediente. En un primer momento se entendió que la causa debía tramitarse en San Luis, donde residen los acusados. Sin embargo, tanto la Fiscalía como la querella apelaron esa decisión.
Finalmente, el juez de Impugnación Renato Roca resolvió que el proceso debía continuar en San Juan, al considerar que el perjuicio económico denunciado se produjo en esta provincia, donde opera la empresa minera. Con esa definición, la causa siguió su curso bajo la órbita de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas.
Cuando todo parecía encaminado hacia un juicio oral, las partes optaron por una salida alternativa.
Tras varias negociaciones, Fiscalía y defensa alcanzaron un acuerdo para que Sarmiento y Muñoz reciban una pena de tres años de prisión condicional, evitando así una condena de cumplimiento efectivo.
Si el juez homologa el acuerdo durante la audiencia prevista para la próxima semana, ambos quedarán sujetos al cumplimiento de reglas de conducta y la causa tendrá una resolución definitiva.
De esta manera, uno de los casos judiciales más resonantes surgidos en torno a una transferencia bancaria errónea en Argentina entrará en su etapa final, luego de una investigación que mantuvo durante más de un año la atención pública sobre el destino de aquellos más de $110 millones depositados por error.
