Según la acusación presentada durante la audiencia, el hecho investigado ocurrió en mayo de 2024 y está relacionado con la presunta venta de un terreno ubicado en el departamento 9 de Julio. En el marco de esa operación, las partes habrían firmado un boleto de compraventa y el denunciante entregó como parte de pago un Ford Ka, cuyo valor fue estimado en aproximadamente $5 millones.
Sin embargo, de acuerdo con la reconstrucción incorporada al expediente, la operación no habría llegado a concretarse como estaba previsto. La investigación apunta a determinar qué ocurrió con el terreno y con el vehículo entregado por el denunciante.
La Justicia tendrá seis meses para investigar
Durante la audiencia, el fiscal Guillermo Heredia solicitó un plazo de 12 meses para desarrollar la Investigación Penal Preparatoria (IPP), además de medidas cautelares contra el imputado. La querella, representada por el abogado Roberto Juárez, se opuso al plazo solicitado y pidió que la investigación se extendiera durante seis meses. También requirió el embargo de bienes y planteó la situación del automóvil que había sido entregado como parte de la operación.
La defensa de Rufino, encabezada por la abogada María Sánchez, no se opuso al planteo del Ministerio Público Fiscal. Finalmente, la jueza Mabel Moya resolvió fijar en seis meses el plazo para avanzar con la investigación penal preparatoria.
Uno de los puntos incorporados durante la audiencia fue que el Ford Ka ya fue vendido. El vehículo quedó en manos de un tercero que lo adquirió, situación que deberá ser analizada dentro del expediente.
Durante la audiencia, el propio Juan Cruz Rufino tomó la palabra y manifestó su intención de encontrar una salida al conflicto con el denunciante. El cantante expresó su voluntad de alcanzar un acuerdo con Rosselot y reparar la situación planteada en la causa, una posibilidad que deberá ser analizada por las partes y, eventualmente, por la Justicia.
Según lo expuesto en la audiencia, Rufino también hizo referencia al impacto que la situación judicial tuvo sobre su vida personal y laboral. Por ahora, la causa continuará su curso con el cantante en libertad y con un plazo de seis meses para que la Fiscalía avance en la recolección de pruebas y determine cómo continuará el proceso.
Una causa que se suma a otros expedientes
La investigación por presunta estafa no es el único expediente judicial en el que aparece vinculado Juan Cruz Rufino. El cantante también está relacionado con una causa por violencia de género y con otra investigación por una presunta estafa vinculada a la venta de un automóvil.
En ese último expediente, Rufino alcanzó un acuerdo para resarcir al denunciante, Bruno Fernández, mediante el pago de $5 millones en cuotas. El acuerdo fue homologado en noviembre de 2025 por el juez de Garantías Roberto Montilla.
Además, en abril de 2026, Rufino fue condenado en un juicio abreviado por un hecho de violencia ocurrido en 2025 en Santa Lucía. En ese caso reconoció su responsabilidad y recibió una pena de seis meses de prisión condicional por los delitos de amenazas y daño.
Se trata, sin embargo, de expedientes diferentes al que ahora investiga la presunta estafa relacionada con el terreno de 9 de Julio.
La nueva causa recién comienza su etapa de investigación y tendrá durante los próximos seis meses el objetivo de establecer qué ocurrió con la operación inmobiliaria, el vehículo entregado como parte de pago y las circunstancias denunciadas por Rosselot.