En declaraciones difundidas en video, Trump justificó la decisión al señalar que los países incluidos representan “riesgos relacionados con el terrorismo y la seguridad pública”, además de deficiencias en los sistemas de control y verificación de identidad de los solicitantes. También argumentó que algunos gobiernos “se han negado históricamente a recibir a sus ciudadanos deportados” y que los países incluidos presentan altas tasas de permanencia ilegal tras el vencimiento de visados.
“Esta medida es esencial para proteger a nuestro pueblo”, afirmó Trump, al vincular el decreto con el reciente ataque en Boulder, Colorado, perpetrado por un ciudadano egipcio que presuntamente había excedido el plazo de su visa turística. Egipto, sin embargo, no figura en la lista de países restringidos.
La disposición fue rápidamente rechazada por organizaciones humanitarias y representantes de comunidades afectadas. Abby Maxman, presidenta de Oxfam América, afirmó que “esta política no trata sobre seguridad nacional, sino sobre dividir y estigmatizar a comunidades que buscan seguridad y oportunidades en Estados Unidos”.
En Newark, Nueva Jersey, la ciudadana haitiano-estadounidense Elvanise Louis-Juste, entrevistada en el aeropuerto local, expresó su preocupación por la medida. “Tengo familia en Haití, así que es muy angustiante ver y escuchar esto”, declaró. “No creo que sea algo bueno, es muy perturbador”.
Expertos legales sostienen que esta nueva orden ejecutiva busca evitar impugnaciones judiciales, como ocurrió en 2017 con la primera versión del veto migratorio, que fue ampliamente criticada por dirigirse principalmente a países musulmanes y por su redacción apresurada. La actual proclama se enfoca en la fase de solicitud de visa y se basa en informes anuales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre tasas de permanencia ilegal.
