El Gobierno sostuvo que este escenario requiere fortalecer las campañas preventivas, la capacitación de los equipos de salud, la producción de información y los dispositivos de atención especializada.
El decreto también define a la ludopatía como un trastorno asociado a la pérdida de control sobre la conducta de juego, que puede afectar la salud mental, la economía familiar, las relaciones sociales y el desempeño educativo y laboral.
El DNU también modificó la distribución de competencias entre Salud y Economía en materia de fiscalización sanitaria y alimentaria.
Economía tendrá a su cargo funciones vinculadas con la fiscalización sanitaria de la producción agropecuaria, forestal y pesquera, además del registro y control de la calidad e inocuidad de productos agroalimentarios.
El alcance incluye alimentos, bebidas, aguas minerales, productos dietéticos, aditivos, colorantes, edulcorantes e ingredientes, desde su producción y almacenamiento hasta el transporte, comercialización, importación y exportación.
Por su parte, Salud conservará la rectoría y la elaboración de normas en materia alimentaria, con el objetivo de orientar las políticas hacia la protección de la salud de la población.
La cartera sanitaria también mantendrá funciones de fiscalización sobre medicamentos, productos biológicos, drogas, hierbas medicinales y material médico, además de intervenir en la regulación de sustancias prohibidas o de uso condicionado en productos de higiene, cosmética y uso doméstico.
Con estos cambios, el Gobierno busca delimitar las responsabilidades de ambos ministerios y evitar superposiciones, al tiempo que incorpora formalmente la ludopatía dentro de las políticas sanitarias nacionales.
