La postura de La Rioja se conoce luego de que el gobernador Ricardo Quintela promulgara la Ley 10.876, aprobada por la Legislatura provincial, que ratifica el rechazo a los límites establecidos por aquel decreto y habilita el avance de acciones institucionales y judiciales.
En San Juan, el Gobierno provincial ya había fijado su posición. Días atrás, el gobernador Marcelo Orrego sostuvo que "no vamos a permitir que se ponga en duda lo nuestro: el territorio, los recursos, el futuro y símbolos como Ischigualasto", al tiempo que convocó a las fuerzas políticas sanjuaninas a mantener una postura común frente al planteo riojano.
En ese marco, la Cámara de Diputados de San Juan aprobó el pasado 25 de junio una declaración de repudio al accionar del Gobierno de La Rioja. La iniciativa fue impulsada por el oficialismo y recibió el acompañamiento del bloque del Partido Justicialista.
El origen del reclamo
La discusión gira en torno al Decreto-Ley 18.004, firmado en 1968, que fijó los límites entre San Juan y La Rioja. Desde el Gobierno riojano sostienen que esa delimitación fue adoptada durante un gobierno militar y que debe ser revisada.
La posición sanjuanina, en cambio, es que esos límites se encuentran vigentes desde hace 57 años y que fueron ratificados por el Congreso de la Nación en 2014, por lo que consideran que la jurisdicción provincial no está en debate.
Ahora, la expectativa está puesta en la presentación que La Rioja anticipó que realizará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde buscará que se analice la validez del decreto que dio origen al conflicto.