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Autorizan a las provincias a aumentar impuestos inmobiliarios e ingresos brutos

El gobierno promulgó este miércoles la ley de consenso fiscal que había sido aprobada el mes pasado en Diputados.

A través de la publicación del Decreto 442/2021 en el Boletín Oficial, el Gobierno promulgó el nuevo Consenso Fiscal. La norma autoriza a las provincias a incrementar Ingresos Brutos e impuestos inmobiliarios.

La Cámara de Diputados lo había convertido en ley el mes pasado y ahora la administración nacional oficializó su aprobación. De esta forma, se establece el último cronograma impositivo para las provincias, pactado por todos los distritos con las excepciones de San Luis, La Pampa y la Ciudad de Buenos Aires. También se les otorga $ 70.000 millones para reactivar sus economías, prohíbe el aumento de la deuda pública y suspende procesos judiciales por la distribución de la Coparticipación Federal.

Pese a no firmar el acuerdo, San Luis y La Pampa brindaron su apoyo a la iniciativa parlamentaria debido a que tampoco habían adherido al anterior pacto fiscal. En tanto, la Ciudad de Buenos Aires, enfrentada con el Gobierno nacional por la reasignación de fondos coparticipables, se abstuvo de hacerlo.

El proyecto además establece que en 2021 las provincias no podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera respecto a los valores registrados al 31 de diciembre del 2020.

Esa medida no se aplicará para las líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito o con acreedores institucionales siempre que, estos últimos, otorguen financiamiento de largo plazo con características similares a los primeros, en términos de repago y de destino de los fondos, entre otros.

Tampoco se aplicarán a los fondos obtenidos que se destinen a financiar obras de infraestructura o a reestructuración de servicios de deuda emitida con anterioridad al 31 de diciembre de 2020.

Otro punto central del acuerdo está vinculado a las demandas judiciales y se establece que por un año las provincias se abstendrán de iniciar procesos judiciales, y suspender los ya iniciados, relativos al régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

También habrá trabajos en conjunto entre la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y los organismos provinciales de recaudación tributaria para identificar la titularidad de bienes inmuebles y otros bienes registrables.

Además, la Nación y las provincias trabajarán en forma conjunta en un programa integral para la simplificación y coordinación tributaria federal.

Se incluye, por otra parte, el reconocimiento de que la coparticipación no es el vehículo de recursos para transferir servicios, competencias y funciones de la Nación a los distritos.