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Se aprobó la Ley de Desarrollo Local Minero y Orrego habló del San Juan del futuro
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Se aprobó la Ley de Desarrollo Local Minero y Orrego habló del "San Juan del futuro"

La iniciativa fue aprobada por amplia mayoría en Diputados. El gobernador destacó que la norma busca generar más empleo local y fortalecer a las pymes sanjuaninas vinculadas al sector minero.

El Gobierno consiguió este jueves uno de sus principales objetivos legislativos del año. La Cámara de Diputados aprobó por 32 votos afirmativos, dos negativos y dos abstenciones la Ley de Desarrollo Local Minero, una iniciativa impulsada por el Ejecutivo provincial que busca incrementar la participación de trabajadores y empresas sanjuaninas en la actividad minera.

Tras la votación, el gobernador Marcelo Orrego celebró la sanción de la norma con un mensaje en sus redes sociales, donde destacó el respaldo legislativo y aseguró que la nueva herramienta permitirá fortalecer el desarrollo económico de la provincia.

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"Hoy avanzamos en el San Juan del futuro que queremos construir. Se aprobó la Ley de Desarrollo Local Minero, gracias al acompañamiento de los legisladores", expresó el mandatario.

Además, sostuvo que "con esta herramienta, vamos a continuar asegurando que la minería genere cada vez más trabajo sanjuanino y más oportunidades para nuestras pymes. Ese es el rumbo que elegimos para cada familia de la provincia".

La iniciativa obtuvo un amplio respaldo político durante un extenso debate en el recinto y fue aprobada con el acompañamiento de distintos bloques legislativos. La sanción llega en un momento clave para San Juan, marcado por el avance de importantes proyectos de cobre y oro y el crecimiento de inversiones vinculadas al sector minero.

Uno de los principales objetivos de la legislación es que la riqueza generada por la minería tenga un mayor impacto en la economía provincial.

Para ello, establece que las empresas operadoras deberán avanzar progresivamente hasta alcanzar un 80% de empleo local, priorizando la contratación de habitantes de los departamentos donde se desarrollen los proyectos.

También fija como meta que el 60% de las compras y contrataciones anuales sean realizadas con proveedores sanjuaninos, siempre que existan condiciones competitivas de calidad, precio y disponibilidad.

La norma obliga además a las compañías mineras y a sus principales contratistas a presentar Planes de Desarrollo con objetivos verificables sobre contratación de trabajadores y proveedores locales, los cuales deberán actualizarse cada dos años.

Entre las herramientas creadas por la ley se encuentra el Registro de Proveedores Mineros de San Juan (Repromin), una plataforma pública y digital donde podrán inscribirse únicamente empresas que tengan domicilio operativo en la provincia, tributen en San Juan y cuenten con al menos un 80% de trabajadores sanjuaninos.

Otro aspecto destacado apunta a brindar mayor previsibilidad a las pequeñas y medianas empresas. Para ello, las operadoras deberán publicar con anticipación sus planes de demanda, futuras compras y licitaciones, permitiendo que los proveedores locales puedan prepararse para competir en igualdad de condiciones.

Como incentivo, las compañías que cumplan simultáneamente con las metas de contratación de mano de obra local y compras a empresas sanjuaninas podrán acceder a un Certificado de Crédito Fiscal transferible, que podrá utilizarse para cancelar impuestos provinciales o ser transferido a otras pymes.

Control, transparencia y sanciones

La legislación también incorpora mecanismos destinados a dotar de mayor transparencia a los procesos de contratación y prioriza a los proveedores que generen mayor valor agregado dentro de San Juan.

Asimismo, establece que las acciones de responsabilidad social empresaria deberán coordinarse con los planes estratégicos de los municipios en áreas como educación, salud e infraestructura. El control del cumplimiento de la norma estará a cargo del Ministerio de Minería, con el acompañamiento de un Consejo Consultivo público-privado.

En caso de incumplimientos, la ley contempla sanciones que van desde multas de hasta 60.000 Unidades Tributarias hasta la suspensión del Registro de Proveedores Mineros.

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