La última medición de EcoGo y la Universidad Austral muestra una combinación que resulta particularmente significativa: mientras el financiamiento a personas perdió fuerza en julio, la proporción de créditos en situación irregular continuó aumentando. No se trata solamente de que haya más personas que se atrasan, sino de que también crece el volumen de dinero prestado que presenta dificultades de cobro.
A nivel nacional, el 26,6% de los deudores tenía al menos un saldo irregular en julio. Pero cuando se mira el problema desde el monto de dinero comprometido, la irregularidad llegó al 18% del crédito total, 0,5 puntos más que en junio y 10,3 puntos por encima del mismo mes del año pasado.
La situación aparece además mientras el crédito a personas alcanzó los $99,4 billones a precios de julio, pero registró una caída real del 0,7% respecto de junio. Es decir, el mercado crediticio todavía conserva un nivel superior al de un año atrás, pero comenzó a mostrar una pérdida de impulso al mismo tiempo que aumenta la dificultad para devolver lo prestado.
El problema no está repartido de la misma manera
La fotografía cambia considerablemente cuando se observa quién otorgó esos créditos. Los bancos tradicionales concentran la mayor parte del financiamiento, pero las mayores dificultades aparecen en el universo de los proveedores no financieros de crédito, donde conviven fintech, billeteras virtuales, cadenas comerciales y cooperativas.
Según el informe, la mora medida sobre el monto prestado llega al 31,3% en esos proveedores, prácticamente el doble del 15,8% registrado para el sistema financiero general.
Y allí aparece uno de los datos que permiten dimensionar el cambio. En noviembre de 2024, la irregularidad del crédito no bancario era del 6,5%. En julio de este año había alcanzado el 29,5%. En el mismo período, la proporción de las carteras consideradas normales cayó del 89,8% al 66,6%.
Dentro de ese segmento, además, el 13,8% de la cartera ya es considerado irrecuperable, porque acumula más de un año de atraso.
La diferencia con los bancos tradicionales resulta central para entender el fenómeno. Las entidades no bancarias tienen una participación menor en el total del crédito, pero concentran un deterioro considerablemente mayor.
Qué está pasando con las familias
El aumento de la mora puede leerse como una señal de que una parte de los hogares está utilizando el crédito para sostener gastos que sus ingresos ya no alcanzan a cubrir con facilidad.
Cuando una persona acumula cuotas, préstamos personales, consumos con tarjeta o financiamiento tomado a través de plataformas, el problema aparece cuando los vencimientos comienzan a competir con los gastos habituales.
Y allí la cuestión deja de ser solamente financiera: una deuda que se refinancia puede convertirse en otra deuda con un plazo mayor, mientras que una parte de los créditos termina directamente fuera de la categoría de recuperables.
Por eso, la evolución de la mora importa tanto como la evolución del crédito. Un mercado puede prestar más dinero y, al mismo tiempo, deteriorar la calidad de sus carteras. Eso es precisamente lo que los datos recientes empiezan a mostrar.
Frente al aumento de los atrasos, las entidades comenzaron a recurrir con mayor intensidad a las refinanciaciones y reestructuraciones. Los bancos informaron al Banco Central que ya refinanciaron más de 500.000 préstamos que se encontraban en situación irregular.
EcoGo estimó que durante julio las reestructuraciones alcanzaron a unas 386.000 personas, alrededor del 6,5% del total de deudores morosos si se incorpora también la cartera fintech.
En el segmento no bancario, mientras tanto, las plataformas financieras y otros proveedores aseguran haber iniciado contactos con alrededor de 2 millones de clientes para intentar renegociar sus deudas.
Esto explica también por qué aparecen algunas señales de estabilización dentro de un escenario todavía complicado. La denominada mora operativa, que excluye los créditos considerados irrecuperables, cayó por segundo mes consecutivo y quedó en 14,9%.
El objetivo de las entidades es evitar que los atrasos temporales terminen convirtiéndose en incumplimientos definitivos.
El presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Javier Bolzico, defendió justamente esa estrategia y sostuvo que los acuerdos directos entre bancos y clientes demuestran que el sistema puede avanzar en soluciones sin una intervención estatal.
San Juan aparece como una de las expresiones más fuertes
Dentro de ese escenario nacional, San Juan muestra uno de los niveles más elevados de deterioro.
El 35,6% de los deudores sanjuaninos tenía algún saldo irregular en julio, una proporción que ubicó a la provincia segunda entre las 24 jurisdicciones, detrás de La Rioja, con 36,5%. El dato no debe leerse aisladamente. Forma parte de un mapa en el que 12 provincias ya tenían al menos al 30% de sus deudores en mora.
San Juan, Catamarca, San Luis, Chaco y Tucumán aparecen entre las jurisdicciones donde el problema alcanza a más de un tercio de los deudores.
La discusión que viene es cómo evitar que la deuda se vuelva impagable
El crecimiento de la mora también abrió una discusión política. Sectores de la oposición buscan unificar proyectos para establecer mecanismos de alivio para las deudas de hogares y empresas.
El debate aparece cuando las propias entidades financieras ya están desplegando mecanismos de refinanciación y cuando el problema empieza a diferenciarse claramente entre bancos tradicionales y proveedores no bancarios.
La pregunta de fondo es cuánto de ese endeudamiento puede ser absorbido mediante refinanciaciones y cuánto terminará transformándose en crédito irrecuperable. Por ahora, los números muestran que la mora lleva casi dos años creciendo de manera consecutiva, mientras el crédito a las familias empieza a perder velocidad.
Y en ese proceso, San Juan aparece como uno de los lugares donde el deterioro se expresa con mayor intensidad, pero el problema excede ampliamente a la provincia y revela una tensión más profunda en las finanzas de los hogares argentinos.