Si bien, hubo dudas sobre este punto en varias instancias federales, el planteo llegó a la Cámara de Casaciones de ese fuero, quien finalmente resolvió darle la razón a la abogada. Entonces, se corrió vista para que el Juzgado Federal de la provincia intervenga. Así fue como, en las últimas horas, el fiscal Francisco Maldonado solicitó que el juez Miguel Gálvez pida el expediente al magistrado que estuvo a cargo del juzgamiento, el juez Eduardo Raed.
Lo que ocurre es que, el expediente ya no está en el despacho de Raed porque las intervenciones de los abogados penalistas que defienden a los imputados llegaron a la Corte de Justicia provincial. Ahí está el expediente; en manos de la Sala Penal integrada por Adriana García Nieto, Marcelo Lima y Guillermo De Sanctis.
Lo que sucederá ahora, puede ser bastante polémico, ya que la Corte sanjuanina se puede oponer a entregar el expediente para que se defina en el provincia, tal como ocurrió con otras incontables causas. En ese caso, ese expediente pasará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyos miembros deberá resolver quién se hace cargo.
Es válido aclarar que la Corte Suprema no tiene plazos de resolución y a esto, se le suma que dentro de un año, la causa caducará, es decir que se cumplirá el plazo de investigación a nivel local, según lo establecido por Flagrancia.
Entonces, los plazos que se manejan comienzan a descontarse lentamente para determinar si se suspende o no el juicio y se designan tareas comunitarias; o se eleva a juicio y se emite sentencia por desobediencia; pero principalmente por poner en riesgo la seguridad de la población en un conflicto por la salud pública, por la pandemia del Covid-19.
"La salud pública es un interés de todo el país porque estamos hablando de una pandemia mundial que no tiene fronteras", remarcó la abogada Manuelita Moreno Ferrer a sanjuan8.com y remarcó como "abuso" las medidas judiciales sobre los que desobedecieron las reglas pandémicas en un contexto en el que "había más condenas que enfermos". Esa fiesta fue realizada tras un brote que obligó al retorno de la Fase 1.
Aunque aún no se determina una respuesta sobre el hecho, los fiscales Iván Grassi (quien ahora está cargo de la UFI Delitos Especiales) y Claudia Salica (quien está a cargo de la UFI Cavig) aguardan la decisión final para unirse nuevamente o no en el dilatadísimo juicio contra 48 jóvenes.
