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La Justicia investiga dos hechos distintos en la policía sanjuanina, una compra de equipos informáticos por $90 millones y el faltante de armas reglamentarias. También hay sumarios administrativos en marcha.
La compra de equipamiento informático por $90 millones y la desaparición de armas reglamentarias quedaron bajo investigación judicial en dos causas distintas que involucran a la policía sanjuanina.
Ambos expedientes también tienen actuaciones administrativas en marcha para determinar qué ocurrió con los bienes y establecer posibles responsabilidades dentro de la fuerza.
El subsecretario de Control de Gestión, Damián Villavicencio, explicó los avances de ambas investigaciones durante una entrevista en Radio Sarmiento. Los casos tienen distintos orígenes y personas alcanzadas, pero comparten un punto central, las dudas sobre los mecanismos de recepción, registro y control del patrimonio policial.
La primera investigación se originó en una compra gestionada en mayo de 2023, que contemplaba 150 computadoras, 20 impresoras y 10 tablets por un total de $90 millones. La operación se financió con recursos nacionales destinados a modernizar el equipamiento tecnológico de la fuerza.
Según explicó Villavicencio, durante una revisión realizada por la actual gestión se detectó que los equipos figuraban incorporados al patrimonio policial, aunque no habían sido distribuidos en las dependencias previstas.
El trámite administrativo estaba cerrado y el pago se había concretado.
La intervención judicial comenzó después de que las autoridades advirtieran esas diferencias. El proveedor informó que los bultos estaban guardados en un galpón, pero las pericias determinaron que los elementos encontrados no coincidían con las especificaciones técnicas exigidas en la contratación. Todavía no hay una valuación precisa del material hallado.
En este expediente hay tres policías formalizados, Valverde, González y el comisario mayor Santoni, retirado desde fines de 2025. Los tres integraban la junta encargada de recibir el equipamiento y también quedaron alcanzados por un sumario administrativo.
Valverde y González continúan en actividad, aunque fueron destinados a otras funciones mientras avanzan las actuaciones. Villavicencio anticipó que podrían ser convocados a declarar dentro de una o dos semanas, una vez incorporados los informes pendientes.
Las sanciones posibles van desde suspensiones hasta la cesantía o la exoneración, según las responsabilidades que se acrediten.
El segundo caso surgió de un relevamiento en la División Armamento, donde se detectó un faltante de armas que fue denunciado de inmediato ante la UFI de Delitos Especiales. La denuncia, presentada por la jefatura, tiene apenas un par de semanas, y la subsecretaría ya inició su sumario administrativo.
El caso tomó impulso después de que una pistola que debía pertenecer a la fuerza sanjuanina apareciera vinculada a una investigación judicial en otra provincia. Ese requerimiento motivó una revisión más amplia de los inventarios para determinar dónde estaba el arma y comprobar la situación del resto del lote.
En paralelo, Control de Gestión abrió un sumario que alcanza a unos 25 efectivos que prestaron servicios en la División Armamento desde la época de la compra.
El objetivo es reconstruir la cadena de recepción, registro, asignación y custodia de las pistolas. La inclusión de los agentes en el procedimiento administrativo no implica que se haya probado una falta de su parte.
Por ahora, no se determinó públicamente si las armas desaparecieron por un robo, una pérdida, errores de registración u otra circunstancia. Tampoco se estableció el perjuicio económico que podría representar el faltante.