Según explicó Baigorrí, la creación de una oficina específica de comunicación busca asistir a fiscales y asesores al momento de informar sobre expedientes que generan fuerte interés público. "Lo que estamos tratando de hacer es facilitar la tarea de los fiscales poniéndoles a disposición una oficina específica de comunicación. Queremos que la comunicación sea mucho más ordenada, asertiva y coherente, con mensajes que no presten a confusiones y estén respaldados por la legalidad", sostuvo el funcionario.
La respuesta a ADEPA
La entidad periodística había sido contundente en su comunicado. Sostuvo que si bien existen límites legítimos vinculados al secreto de sumario, la protección de datos personales o la intimidad de las víctimas, el protocolo va más allá de eso.
Según ADEPA, al ordenar a los funcionarios que se abstengan de brindar información no autorizada previamente, desaconsejar el contacto personal con periodistas y canalizar las consultas a través de una única autoridad, la medida "genera un claro efecto inhibitorio sobre fuentes, periodistas y medios", lo que a su criterio "empobrece el debate público y debilita la transparencia ciudadana sobre el funcionamiento del sistema penal".
La entidad fue más allá y citó jurisprudencia internacional. Recordó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Társaság a Szabadságjogokért contra Hungría, sostuvo que el monopolio de información ejercido por una autoridad judicial puede equivaler a una forma de censura cuando impide reunir y transmitir información de interés público.
Para ADEPA, esa doctrina resulta especialmente relevante frente a medidas que concentran el flujo informativo en un único canal oficial. La entidad solicitó formalmente a las autoridades del Ministerio Público de San Juan que revisen la medida.
Baigorrí rechazó de manera directa esa lectura. "No hay ningún tipo de restricción a la libertad de expresión ni una lesión al derecho a la información de los medios o de la ciudadanía. Al contrario, los fiscales son quienes conocen las causas y son los únicos que pueden definir qué se puede comunicar, cómo y cuándo hacerlo", afirmó.
Qué cambia y qué se mantiene
El fiscal general aclaró que el contacto directo entre periodistas y fiscales no desaparece por completo. Explicó que cuando se trate de cuestiones que no afecten el desarrollo de una causa ni generen desigualdad entre los medios, los fiscales podrán seguir respondiendo consultas como hasta ahora. "Va a seguir existiendo la posibilidad de pedirle información a un fiscal", indicó.
La diferencia, según precisó, está en los casos de trascendencia pública. En esas situaciones, la intención del Ministerio Público es que la información se canalice a través del área de comunicación institucional, con el objetivo de garantizar que todos los medios accedan a los datos en igualdad de condiciones. "Lo que aspiramos es a que la comunicación sea lo más profesional y certera posible", concluyó Baigorrí.
El debate queda abierto entre dos visiones que, por ahora, no logran encontrar un punto en común: la defensa de una comunicación institucional más ordenada por parte del Ministerio Público, y la advertencia de ADEPA sobre los riesgos de concentrar en un solo canal el acceso a la información judicial de interés público.