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La decisión de actuar de oficio
Pese a la evidente gravedad de las lesiones, la víctima se mantuvo reticente a denunciar a su pareja, con quien mantenía una relación de convivencia estable. El fiscal de la causa, Fernando Bonomo, explicó los motivos que lo llevaron a activar los mecanismos legales para sostener la acusación sin el consentimiento de la damnificada:
"Teniendo en cuenta que es un delito de acción privada (instancia privada) y que se inicia a partir de la denuncia de la víctima, tomé la decisión en ese momento de iniciarlo de oficio. Nuestro código de procedimiento otorga esas herramientas, siempre y cuando esté en juego el interés público. Entendía que estaba en juego porque era un hecho sumamente grave".
El planteo fiscal avanzó con el aval del juez de Garantías, Dr. Grossi, quien rechazó la oposición de la defensa del agresor, que argumentaba la imposibilidad de iniciar el proceso si la propia afectada no impulsaba la acción penal.
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El caso se resolvió este jueves 18 de junio durante la audiencia de finalización mediante un juicio abreviado. La fiscalía contaba con un sólido cuerpo de evidencias recabadas en el lugar de los hechos, el cual resultó determinante para doblegar la estrategia de la defensa.
"Llegamos con la prueba abrumadora, específicamente con los informes médicos que establecían que la víctima contaba con 10 días de incapacidad por un golpe muy fuerte en el rostro. También fue determinante el testimonio de los efectivos policiales, y de la madre y el hermano de la víctima, que pudieron presenciar esa circunstancia", detalló Bonomo.
El agresor, quien ya contaba con antecedentes penales menores, recibió la pena mínima de 6 meses de prisión, pero debido a sus registros anteriores, el castigo será de cumplimiento efectivo tras las rejas.
Evitar la revictimización
El fiscal Bonomo remarcó que el acuerdo de juicio abreviado y la consecuente condena buscaron, fundamentalmente, resguardar la integridad psíquica de la mujer agredida y evitar que el proceso judicial profundizara su vulnerabilidad.
"Fue a los efectos de tratar de no revictimizar a la víctima en un proceso. Claramente no iba a comparecer y, si comparecía, iba a efectuar una declaración a los efectos de poder beneficiar al imputado. Eso es lo que en este caso el Ministerio Público protege y trata de evitar", concluyó el funcionario judicial.
El dictamen sienta jurisprudencia en los tribunales locales al demostrar que, ante escenarios de violencia de género con pruebas directas y de extrema gravedad, el Estado puede intervenir y castigar de manera efectiva aun cuando el miedo condicione la voluntad de la víctima.
