La condena alcanza a una investigación que contabilizó 365 hechos y un perjuicio económico estimado en $573 millones, producto de operaciones por motocicletas que finalmente no fueron entregadas.
Pero para los damnificados, la resolución tiene otro costado: la sentencia no contempla la devolución del dinero. Por eso, quienes fueron afectados deberán acudir ahora a la Justicia Civil para intentar recuperar los fondos y reclamar una reparación por los daños sufridos.
El escenario había sido diferente en abril, cuando los imputados ofrecieron devolver el dinero mediante un esquema de cinco cuotas en 120 días. El acuerdo terminó cayendo porque el primer pago nunca se concretó.
Tras el incumplimiento, el fiscal pidió dejarlo sin efecto y la causa avanzó hacia el juicio abreviado que terminó con las condenas conocidas este martes.
De esta manera, las víctimas atraviesan una situación que excede la pérdida económica: después de meses de reclamos y de esperar una reparación que finalmente no llegó, deberán iniciar una nueva instancia judicial para intentar recuperar su dinero.
Entre los fundamentos para homologar el acuerdo, Parra mencionó como atenuantes la edad de los condenados, la colaboración durante la investigación y la falta de antecedentes penales. También señaló que los acusados no tenían formación específica en materia financiera ni asesoramiento profesional.
Sin embargo, uno de sus planteos generó malestar entre las querellas: sostuvo que algunos denunciantes que conocían su situación crediticia podrían haber desconfiado de los precios de las motos, ya que eran inferiores a los del mercado.
Las partes querellantes podrán recurrir la resolución ante el Tribunal de Impugnación, aunque al tratarse de un juicio abreviado no podrían obtener una pena superior a la acordada.
Según la investigación fiscal, Branka Motors habría utilizado un esquema que funcionaba como una especie de Ponzi, ofreciendo motos a precios de fábrica para captar clientes. El negocio comenzó con algunas entregas, pero luego las operaciones se acumularon y las motocicletas dejaron de llegar. Los reclamos terminaron llevando el caso a la Justicia.
Ahora, con los tres responsables condenados, queda abierto el reclamo económico de las víctimas y una pregunta que todavía no tiene respuesta: qué ocurrió con los $573 millones involucrados en la maniobra.
