El nuevo escenario genera preocupación entre los damnificados, ya que el acuerdo no contempla una reparación económica por el dinero perdido. De ser homologado, la causa penal quedaría cerrada y los reclamos económicos deberán continuar por la vía civil.
El caso involucra a más de 350 personas, que habían entregado dinero para acceder a vehículos ofrecidos a valores inferiores a los del mercado. El perjuicio económico fue estimado en alrededor de $524 millones.
La causa ya había tenido un intento de salida alternativa. Los acusados habían acordado un esquema de reparación en cinco cuotas y debían realizar un primer pago de $524 millones, pero ese desembolso nunca se concretó.
Ante el incumplimiento, la Justicia dejó sin efecto aquel acuerdo y los tres imputados volvieron a quedar detenidos con prisión preventiva.
Ahora, la defensa encabezada por José Daniel Tejada acordó con Fiscalía avanzar con el juicio abreviado. Los querellantes podrán manifestar su oposición, aunque esa postura no será vinculante para la decisión final de la jueza.
Así, la causa podría encaminarse hacia una condena penal, pero con una pregunta que todavía queda abierta para cientos de damnificados: cómo y cuándo podrán intentar recuperar el dinero que perdieron.