El diputado Juan de la Cruz Córdoba explicó ante la prensa que hasta ahora los vehículos cuyos propietarios perdían el dominio por decomiso estatal, después de permanecer un tiempo en depósito, terminaban compactados y vendidos como chatarra.
“Se trata de un cambio sustancial”, sostuvo el legislador, quien destacó que la nueva normativa permitirá recuperar un mayor valor económico de las unidades que todavía puedan utilizarse.
La posibilidad de subasta dependerá de los informes de la Secretaría de Ambiente y de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, que deberán determinar si cada vehículo puede continuar en uso. También se contempla la venta de unidades para aprovechar sus autopartes.
Los rodados que no estén en condiciones de recuperarse seguirán el procedimiento de compactación. Según Córdoba, el nuevo mecanismo también busca reducir el impacto ambiental que genera la acumulación prolongada de vehículos en los depósitos.
La aplicación de la ley todavía requiere la reglamentación del Poder Ejecutivo. Allí se definirán los detalles del procedimiento y las condiciones para participar de las subastas, que deberán garantizar publicidad y transparencia.
La normativa establece que los fondos obtenidos por la subasta de vehículos y la venta de chatarra podrán financiar proyectos de infraestructura social, sanitaria, educativa y ambiental, tanto provinciales como municipales.
También podrán utilizarse en programas sociales, asistencia directa a personas en situación de vulnerabilidad y campañas de educación ambiental.
Córdoba remarcó que la venta de vehículos recuperables podría generar ingresos superiores a los obtenidos por su compactación. Además, la ley prevé que el Ministerio de Gobierno lleve un registro y publique una rendición anual sobre el destino de los recursos recaudados.