Hasta el momento se registraron tres condenas en causas de intimidación pública, delito que contempla el Artículo 211 del Código Penal, el cual castiga la generación de temor o alarma aunque no se produzcan daños concretos. Las sanciones incluyeron reparaciones simbólicas de hasta 4 millones de pesos y multas para los adolescentes involucrados. “El que acepta la probation sabe dónde está metido”, remarcó Pringles.
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Cada intervención exige un despliegue operativo importante, con entre 50 y 100 personas involucradas: brigadas policiales, la unidad fiscal, equipos del Cisem, personal de apoyo tecnológico y bomberos. “No es lo mismo intervenir en una casa que en una escuela o un estadio”, explicó la fiscal.
Pringles señaló que muchos de los llamados realizados por adolescentes eran “joditas”, aunque la conducta se mantiene en una serie de bajas y subidas que generan un impacto real sobre la seguridad pública.
El Artículo 212 del Código Penal agrava la pena si se utilizan explosivos, agresivos químicos o si las amenazas provocan lesiones o muertes. La fiscal destacó que “la víctima es la sociedad toda, pero el interés afectado es el del Estado”, subrayando tanto la gravedad de estos hechos como los costos económicos y logísticos que implican.