En total, se contabilizan 16 llamados efectuados por adultos, aunque no todos pudieron ser identificados. Hasta el momento hubo tres condenas en causas de intimidación pública, delito previsto en el artículo 211 del Código Penal, que castiga la acción de generar temor o alarma incluso sin que se produzcan daños concretos.
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Las sanciones impuestas incluyeron reparaciones simbólicas y económicas, con montos de hasta 4 millones de pesos como el caso de la bioquímica, además de multas para los adolescentes involucrados. “El que acepta la probation sabe dónde está metido”, remarcó Pringles.
La fiscal subrayó que cada amenaza moviliza entre 50 y 100 personas, entre policías, bomberos, personal tecnológico y operadores del Cisem. “No es lo mismo evacuar una casa que una escuela o un estadio”, advirtió.
Si bien muchos de los llamados de menores se realizaron como “joditas”, Pringles remarcó que se trata de una conducta grave que afecta a la seguridad pública y que “baja y sube en seguidilla”.
Además, recordó que el artículo 212 del Código Penal agrava las penas cuando se utilizan explosivos o sustancias químicas, o si como consecuencia de la amenaza se generan lesiones o muertes.
“La víctima es la sociedad toda, pero el interés afectado es el del Estado”, concluyó.
