Cuando arrancó, en los últimos cuatro meses de 2017, el sistema procesó 291 hechos con 303 personas imputadas. Era lógico: recién se estaba instalando. Pero en 2018, el primer año completo de funcionamiento, los números se triplicaron de golpe y llegaron a 846 hechos y casi 1.200 imputados. En 2019 siguieron subiendo, con cerca de 950 casos. El sistema no paró de crecer.
El salto más brusco de toda la historia llegó en 2020, cuando los hechos treparon a 1.540 y los imputados superaron los 2.800, el número más alto registrado en un solo año. Gran parte de esa explosión no tuvo que ver con robos o violencia sino con algo inédito: las infracciones a las restricciones del aislamiento obligatorio durante el ASPO. Miles de personas fueron imputadas por violar las normas de circulación, lo que saturó el sistema de causas que en otro contexto nunca habrían existido.
Con el levantamiento de las restricciones, los números cayeron y se estabilizaron. Entre 2021 y 2023 el sistema procesó entre 1.100 y 1.300 hechos por año, una franja que se mantuvo bastante pareja. El año 2022 fue el más tranquilo del período post-pandemia, con poco más de 1.100 casos. Parecía que el sistema había encontrado un techo natural.
Lo que pasó en los últimos dos años rompió esa tendencia. En 2024 los hechos subieron a 1.854 y en 2025 llegaron a 2.171, el récord absoluto de toda la historia del sistema, superando incluso el pico pandémico. Más de 2.500 personas fueron imputadas en ese año, una cifra que nunca se había alcanzado. Las razones detrás de ese salto son parte de un debate más amplio sobre seguridad, reincidencia y contexto social, pero los datos son los que son.
2026 arranca con señales de desaceleración
En los primeros cinco meses de este año ingresaron 789 hechos con 916 imputados. Si ese ritmo se mantiene hasta diciembre, 2026 cerraría con alrededor de 1.890 casos, bastante por debajo del récord del año pasado. Es la primera señal concreta de desaceleración después de dos años seguidos de crecimiento.
Dicho en términos simples: el sistema está viendo menos casos que en 2025, aunque sigue siendo uno de los años con más actividad de toda su historia.
De cada dos imputados, uno termina condenado
En el total histórico, de las 15.440 personas que pasaron por el sistema, 7.532 fueron condenadas, casi la mitad. Pero no todas las condenas son iguales. La resolución más frecuente en toda la historia del sistema fue la probation —suspensión del juicio a prueba— con casi 4.700 casos: el imputado no va preso pero queda bajo condiciones durante un tiempo.
Le siguen las condenas condicionales, donde tampoco hay prisión pero sí una sentencia formal, y recién después aparece la prisión efectiva, con algo más de 3.500 casos en nueve años.
Lo que cambió este año respecto al perfil histórico es significativo. De los 440 condenados en los primeros cinco meses, 325 fueron a prisión efectiva y solo 115 recibieron condena condicional. Traducido: casi 3 de cada 4 personas condenadas en 2026 terminaron en el penal.
Ese dato apunta a que quienes están entrando al sistema este año tienen más antecedentes o están acusados de hechos más graves que en años anteriores.
Robo y hurto, los delitos de siempre
Si hay algo que no cambió en todos estos años es el tipo de delito que más ingresa al sistema. Desde 2020, el robo acumula casi 2.900 casos y el hurto supera los 2.450. Entre los dos representan más de la mitad de todo lo que procesa flagrancia.
En lo que va de 2026 hay un detalle nuevo: por primera vez el hurto supera al robo en los primeros meses del año, con 247 contra 221 casos. Un cambio pequeño pero que vale la pena seguir de cerca.
Más atrás en el ranking aparecen la violencia de género, el daño, el incumplimiento de órdenes judiciales y la tenencia de armas, entre otros.
Desde 2020, el sistema procesó 1.844 hechos de violencia de género y condenó a algo más de 1.000 personas. Pero de esas condenas, la enorme mayoría —más de 800— fueron condicionales, es decir, sin prisión. Solo 185 imputados fueron efectivamente encarcelados por este tipo de delitos en seis años. Es una proporción que genera debate: por cada persona que va presa por violencia de género, casi cinco reciben una condena que no implica encierro.
Un sistema que se refuerza y un vecino que no mira para otro lado
El sistema de flagrancia no funciona en el vacío. Tiene detrás una estructura institucional que, en los últimos meses, atravesó cambios concretos. La llegada de Guillermo Bayorri como fiscal general trajo consigo un mensaje claro desde el arranque: flagrancia iba a ser prioridad.
Esa definición se tradujo en decisiones concretas, entre ellas el refuerzo del área con fiscales provenientes de otras unidades, una apuesta por darle mayor músculo operativo a la fiscalía que más causas resuelve por día en toda la provincia.
Pero hay otro engranaje que los expedientes judiciales no siempre reflejan con claridad y que, sin embargo, aparece una y otra vez en los hechos: el vecino. Detrás de buena parte de las detenciones que alimentan estas estadísticas no hay un operativo planificado sino un llamado al 911, una imagen del CISEM, una cámara privada activada a tiempo o, simplemente, alguien que vio algo raro y decidió no mirar para otro lado.
El ciudadano que avisa, que filma, que frena a un sospechoso o que sale a buscar a un policía es, en muchos casos, el primer eslabón de una cadena que termina en condena. Sin esa red silenciosa, una parte importante de los 12.084 hechos que hoy forman este historial nunca habría llegado a la Justicia.
