El proyecto contó con respaldo previo en comisiones clave y fue presentado en el recinto con fundamentos centrados en la necesidad de abordar el acoso escolar como una problemática estructural que impacta directamente en la salud y el desarrollo de niños y adolescentes.
Durante el tratamiento, se definió al bullying como un conjunto de conductas agresivas que se repiten de forma sistemática en el tiempo, con distintas manifestaciones: físicas, verbales, psicológicas y sociales. Se remarcó además que estas prácticas no suelen presentarse de forma aislada, sino combinadas, lo que potencia sus efectos.
En ese sentido, se advirtió sobre las consecuencias que puede generar en las víctimas, entre ellas ansiedad, depresión, baja autoestima y dificultades en los procesos de socialización, aspectos que afectan tanto el rendimiento escolar como la vida cotidiana.
El debate incluyó la participación de distintos legisladores, quienes aportaron miradas sobre el alcance de la iniciativa y la necesidad de reforzar políticas públicas orientadas a la convivencia escolar.
Con esta decisión, la provincia suma una herramienta institucional que busca instalar el tema en la agenda pública, promover la concientización y generar espacios de reflexión dentro de la comunidad educativa.
