La resolución fue avalada por la jueza Mónica Lucero y el fiscal Pablo Martín, en el marco de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas. Como parte del entendimiento, también se dispuso la devolución provisoria del celular del imputado, que quedará definitivamente en su poder una vez que complete el resarcimiento económico.
El caso se remonta a noviembre de 2025, cuando la familia de la damnificada detectó movimientos irregulares en una tarjeta MasterCard del Banco San Juan que había sido extraviada. Entre los consumos, figuraba un gasto de $650.000 en una heladería de Rivadavia durante la madrugada, además de intentos de operaciones por montos aún mayores que no llegaron a concretarse.
La investigación avanzó con un dato clave: el testimonio del comerciante. Según consta en el expediente, el joven se presentó en el local con un relato de urgencia económica y pidió utilizar la tarjeta para obtener dinero. “Estaba apretado con la plata”, habría dicho, en una maniobra que combinó intentos de compra y simulación de transferencias.
Ese recorrido terminó en tribunales, pero sin juicio. El acuerdo de reparación integral volvió a aparecer como una salida posible dentro del sistema penal, especialmente en delitos económicos sin violencia, donde el eje pasa por recomponer el daño causado más que por castigar con prisión.
