Dentro del auto viajaba la menor de edad junto a su hijo recién nacido y acompañada por varias personas.
Lo que vivió la víctima
Las primeras averiguaciones revelaron la magnitud de lo que había sufrido la joven. Había sido obligada a contraer matrimonio con el hijo de esa familia y, posteriormente, a asumir la maternidad. A eso se sumó una cadena de violencias sistemáticas: fue trasladada de manera constante entre las provincias de Neuquén, Córdoba y Santa Fe, sometida a agresiones físicas, explotación laboral, restricción al sistema de salud, privación alimentaria y violencia psicológica. Un cuadro de sometimiento integral que se extendió durante meses.
Una investigación en cuatro provincias
El trabajo que permitió llegar a la condena fue complejo y requirió la articulación de múltiples organismos. Uno de los ejes centrales fue el entrecruzamiento de información que permitió reconstruir una línea temporal precisa, establecer los hechos y determinar el rol de cada uno de los involucrados en todas las etapas del sometimiento. Fue fundamental la coordinación con las Unidades de Investigación de Gendarmería de Neuquén, Córdoba y Santa Fe, que aportaron información clave para consolidar la hipótesis de explotación.
El Ministerio Público Fiscal, a través de la Unidad Fiscal Federal de San Juan, articuló además acciones con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas y otros organismos institucionales, lo que aportó una mirada integral a la investigación. Toda esa solidez probatoria fue la que sostuvo la acusación y permitió obtener la condena de 10 años de prisión para los imputados.
