La causa se inició a partir de tres reportes emitidos por la organización internacional NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children), organismo que centraliza denuncias vinculadas a delitos contra menores detectados en plataformas y redes sociales con sede en Estados Unidos.
Según trascendió en la audiencia, los reportes corresponden a hechos registrados entre 2021 y 2025 y advertían sobre el presunto envío de videos con contenido de explotación sexual infantil.
A partir de esa información, la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires remitió las actuaciones a San Juan, donde comenzó la investigación local.
De acuerdo a lo expuesto por la acusación, los investigadores lograron vincular al imputado mediante direcciones IP, correos electrónicos y líneas telefónicas presuntamente utilizadas para compartir y solicitar material dentro de grupos de mensajería.
Además, durante un allanamiento se secuestraron teléfonos celulares y una computadora, dispositivos donde se habría encontrado una importante cantidad de archivos bajo análisis judicial. Otro de los puntos incorporados al expediente fue un informe pericial que permitió determinar que parte del material investigado involucraría a víctimas menores de edad.
La ayudante fiscal Milena Berbari confirmó que el Ministerio Público solicitó una pena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo, en función de la gravedad de los hechos investigados y de la escala penal prevista para este tipo de delitos.
La audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes, luego de que la defensa realizara distintos planteos técnicos vinculados a cuestiones formales del proceso.
Ahora será el juez Javier Figuerola quien deberá resolver cómo continuará la causa y si finalmente el imputado será enviado a juicio oral.
