El origen del conflicto es una denuncia que presentó el ex rector Tulio Del Bono en junio de 1990 contra ambos ingenieros, vinculados con el Instituto de Investigaciones Mineras. Estaban sospechados de haber cometido malversación de caudales públicos y peculado, que consiste en la apropiación de dinero que estaba bajo su custodia. Pero en un juicio oral y público que tuvo lugar en noviembre de 2008, el Tribunal Oral de San Juan los absolvió de toda responsabilidad. A raíz de ese dictamen, los ingenieros pretenden un resarcimiento por los haberes y trabajos que dejaron de realizar, y una retractación pública. Los números que se barajan por la contrademanda ascienden a los 20 millones, suma que entiéndase bien, deberá pagar la Universidad con dinero que corresponde al erario público, es decir al dinero de todos los argentinos.Por la demanda que los ingenieros Carlos Rudolph y José Matar iniciaron en 2011 contra la Universidad Nacional de San Juan, exigiendo una reparación económica y un pedido público de disculpas, desde la Casa de Estudios ya hicieron una propuesta concreta de dinero, pero desistieron de pedir perdón.
Miguel Arancibia, el abogado de los demandantes, sostuvo que para acordar deberán analizar la oferta del resarcimiento, aunque aclaró que sus clientes exigen que se haga un acto de desagravio porque fueron acusados injustamente de un delito que la Justicia demostró no habían cometido. Por ahora las audiencias de conciliación ante el juez Gálvez no han llegado a un acuerdo en ese sentido. A la luz de los acontecimientos no es extraño, lamentablemente, que el juez Miguel Galvez haya accedido a tal petición. El mismo magistrado que les terminó pidiendo disculpas por los18 años que tardó la Justicia Federal en investigar el caso y absolverlos. La próxima audiencia será el 3 de julio. Los demandantes ya anticiparon que iniciarán una denuncia penal a la UNSJ en la persona de Oscar Nasisi por no haberle devuelto sus bienes personales, que fueran incautados al momento de la investigación. Además, iniciarán una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por no recibir el descargo que saldaría la deuda moral que los ingenieros pretenden ante la Comunidad Científica Internacional.Lo más doloroso del caso es que en el camino de esta historia, ya perdió la vida Julio Millán, el tercero en esta historia, que también fue absuelto pero que no tuvo ninguna chance de ver su nombre reparado.La gravedad de los hechos nos llevarán también a analizar el caso de Fernando Reinoso, el estudiante que murió en el año 2010 en un aula de la Facultad de Ingeniería por una descarga eléctrica. En aquel momento se supo, y consta en el expediente, que el jefe de Departamento de Agrimensura; Hernán Alvis Rojas, había presentado un expediente iniciado el 3 de agosto de 2009 advirtiendo las fallas eléctricas; seis meses antes de la muerte del estudiante pero le contestaron que no había presupuesto. El decano de la Facultad en ese momento era nada más y nada menos que Oscar Nasisi, el mismo que resultó procesado por La Cámara Federal de Mendoza. En la misma condición de procesado quedó Guillermo Coto, el ex secretario de Obras y Servicios de la casa de altos estudios. Si no logran dar vuelta la decisión de los camaristas, ambos podrían ir a juicio oral y el actual rector quedaría expuesto a perder su cargo. En ese caso otra vez, otra impericia que le costara un juicio a todos los ciudadanos.
