La relación entre ambos espacios atravesó distintos momentos de tensión durante los últimos dos años y medio, en línea con los vaivenes del vínculo entre el presidente Javier Milei y el líder del PRO, Mauricio Macri.
Durante la reunión, los dirigentes analizaron la agenda parlamentaria del oficialismo y también abordaron iniciativas vinculadas a la provincia de Misiones. Entre los temas tratados, destacaron el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, al que definieron como una herramienta central para consolidar el proceso de ordenamiento macroeconómico.
Al finalizar el encuentro, Ritondo expresó en sus redes sociales: "En el PRO tenemos una convicción clara: hay que blindar el cambio con leyes, instituciones fuertes y acuerdos que le den previsibilidad a la Argentina".
El diputado agregó: "Seguimos trabajando con responsabilidad para impulsar las reformas que consoliden el orden económico y construyan un país con más desarrollo, inversión y oportunidades".
En paralelo al acercamiento con el oficialismo, el PRO mantiene una agenda legislativa propia para los próximos meses. En la Cámara de Diputados buscará impulsar los proyectos de Ficha Limpia y la reforma del Código Penal, además de iniciativas vinculadas al financiamiento de los partidos políticos, el uso productivo de tierras ociosas sobre rutas nacionales y el endurecimiento de las penas por vandalismo rural.
El bloque también promueve propuestas para reforzar la prevención y persecución del grooming, instalar inhibidores de señal de telefonía e internet en las cárceles y crear un programa de prevención del suicidio adolescente.
En el Senado, el espacio pretende avanzar con la actualización de la Ley de Salud Mental, iniciativas para fortalecer la protección de la propiedad privada, el agravamiento de las penas por falsas denuncias y el tratamiento del régimen de Zona Fría, que contempla beneficios tarifarios para usuarios de gas en regiones de bajas temperaturas.
A estos proyectos, el PRO suma otras prioridades para el segundo semestre, entre ellas una nueva reforma electoral, medidas para profundizar la desregulación del Estado, el tratamiento de acuerdos judiciales pendientes y el fortalecimiento de la legislación destinada a combatir la criminalidad ambiental.