El exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo también sostuvo que sus defensores hicieron “un homenaje a todos los que participaron del programa Sueños Compartidos” y afirmó que las pruebas expuestas durante el proceso permitieron mostrar, según su interpretación, el impacto que tuvo el programa para las familias que accedieron a las obras.
Durante su declaración también lanzó una referencia crítica hacia Hebe de Bonafini. “No voy a decir como decía la loca que la historia me va a absolver”, afirmó frente a los jueces.
De Vido también habló, pero cuatro imputados se reservaron
La audiencia tuvo una duración breve. Julio De Vido también utilizó su intervención para referirse a sus abogados y aseguró que ellos “nunca tuvieron que tergiversar los hechos” para ejercer su defensa.
En cambio, José López, Pablo Schoklender y Abel Fatala decidieron no declarar.
Además, todavía deben realizar su exposición Carlos Castellano, exfuncionario del Ministerio de Planificación; Daniel Freidin, exasesor de Abel Fatala; y Daniel y Karina Nasif, ambos vinculados a la administración provincial de Santiago del Estero. El tribunal, presidido por la jueza Adriana Palliotti, fijó una nueva audiencia para el lunes 14 de septiembre.
El expediente investiga un presunto desvío de más de $206 millones correspondientes al programa de obra pública Sueños Compartidos. En su acusación, el fiscal Diego Velasco solicitó seis años de prisión para Julio De Vido, José López, Abel Fatala, Sergio Schoklender y Pablo Schoklender.
Para los demás acusados, la Fiscalía pidió penas de cuatro años de prisión.
Además, el Ministerio Público Fiscal solicitó un decomiso de $206 millones sobre los bienes de los involucrados, con actualización por inflación hasta el momento en que una eventual sentencia quede firme.
El calendario que puede ser decisivo
Uno de los puntos centrales que atraviesa la etapa final del juicio es la discusión sobre la prescripción de la causa.
La defensa sostiene que debe tomarse como referencia el 8 de julio de 2020, fecha que considera como el último acto interruptivo de la prescripción. Bajo ese criterio, el nuevo plazo de seis años habría terminado el 8 de julio de 2026.
La Fiscalía sostiene una postura diferente. Velasco considera que el punto de partida debe ser el 15 de septiembre de 2020. La diferencia entre ambas fechas es determinante: si se toma esta última, el plazo de seis años vencería el 15 de septiembre de 2026.
El dato genera una particular tensión porque el veredicto está previsto para el 14 de septiembre, apenas un día antes del vencimiento que plantea la Fiscalía.
Así, mientras el tribunal se prepara para las últimas declaraciones, la causa no solo tiene en juego las penas solicitadas y el eventual decomiso de los fondos investigados. También deberá atravesar una discusión jurídica que puede resultar decisiva para la definición del expediente.