La presentación redactada por los letrados defensores Mauricio D’Alessandro y Rafael Cúneo Libarona establece que el pago se realizaría en seis cuotas mensuales y consecutivas de 25 millones de pesos. Como parte del acuerdo procesal, la defensa incluyó la predisposición de Morla para realizar tareas comunitarias en una entidad de bien público durante el término de un año, argumentando la ausencia de antecedentes penales del imputado y el carácter patrimonial privado del conflicto.
El expediente penal se originó a partir de las querellas promovidas por los hijos del exfutbolista —Dalma, Gianinna, Jana, Diego Junior y Diego Fernando—, quienes denuncian haber sido despojados del usufructo comercial del nombre e imagen de su padre.
De acuerdo con la acusación que derivó en la elevación a juicio dispuesta por la jueza Rita Molina, Morla habría estructurado una red de control comercial mediante la firma Sattvica S.A. junto a sus colaboradores Maximiliano Pomargo y Sergio Garmendia.
La hipótesis querellante sostiene que esta arquitectura societaria permitió desviar ingresos millonarios por licencias internacionales y marcas registradas hacia personas ajenas a la Sucesión, incluyendo la transferencia de participaciones a dos de las hermanas del exjugador, Rita y Claudia Maradona.
Los acusadores consideran que estas maniobras privaron a los herederos legítimos de la explotación del activo más valioso del patrimonio patrimonial y simbólico del astro.
Uno de los ejes centrales sobre los cuales se apoya la estrategia de la defensa radica en la postura asumida por el Ministerio Público Fiscal. Según expresaron los representantes del exapoderado, la fiscalía de instrucción consideró en su momento que los hechos investigados no encuadraban en una figura delictiva penal, omitiendo formular el requerimiento de elevación a juicio y dejando el impulso de la causa exclusivamente en manos de los abogados de las querellas privadas.
Ante el pedido de probatoria formulado de manera conjunta por las defensas de Morla, Pomargo y las hermanas Maradona, los jueces del tribunal oral convocaron a las partes a una audiencia decisiva programada para el próximo 22 de septiembre. En dicha jornada se escuchará el dictamen de la fiscalía y la posición de los representantes legales de la familia antes de resolver si se valida la salida alternativa o se da inicio al debate oral y público.