La resistencia proviene principalmente de referentes de la UCR y del PRO, que consideran que las colectoras representan un retroceso en materia de transparencia electoral. Incluso algunos gobernadores dialoguistas, que mantienen negociaciones abiertas con el Ejecutivo, prefieren no avanzar con una herramienta que históricamente generó controversias durante distintos procesos electorales.
En paralelo, el Gobierno busca mantener abiertas las conversaciones con los mandatarios provinciales para construir una mayoría parlamentaria que le permita avanzar con otras reformas institucionales y económicas. La estrategia oficial pasa por ampliar la mesa de negociación antes de enviar nuevos proyectos al Congreso, aunque el margen de maniobra aparece cada vez más reducido.
Otro factor que condiciona el calendario político es la discusión del Presupuesto 2027, una negociación que inevitablemente se cruzará con el debate sobre las reglas electorales. En el oficialismo admiten que ambos temas estarán vinculados y que los acuerdos con las provincias serán determinantes para definir el futuro de las iniciativas.
Por ahora, el panorama deja al Gobierno obligado a recalcular su estrategia. Sin los números asegurados para eliminar las PASO y con crecientes objeciones a las colectoras, la reforma política quedó sujeta a una negociación que promete extenderse durante las próximas semanas y que será clave para el armado electoral de cara a 2027.