"Colocamos un tope del 25 por ciento para la adquisición de terrenos por parte de extranjeros. Las naciones externas no pueden quedarse con un gramo de suelo, punto", afirmó Bullrich durante una conferencia de prensa.
La legisladora sostuvo que el nuevo texto fue consensuado con distintos espacios políticos y remarcó que el oficialismo buscó alcanzar un equilibrio entre atraer inversiones y preservar el control sobre el territorio nacional.
"Esta es una norma clara y concreta, consensuada con todas las fuerzas políticas. Celebramos el dictamen; esto representa el ejercicio de la democracia", expresó.
Bullrich también rechazó las críticas que cuestionan el proyecto por un supuesto riesgo para la soberanía nacional. "Aquí no nos van a correr con la soberanía. Sabemos muy bien lo que significa y por eso cuidamos a las Fuerzas Armadas, encargadas de resguardar el territorio nacional", afirmó.
Como ejemplo, mencionó inversiones extranjeras de larga data en el país y aseguró que eso no implica una pérdida de soberanía. En ese sentido, recordó el caso de Chandon en Mendoza y señaló que la empresa francesa genera empleo desde hace más de seis décadas sin que eso signifique que otro país sea dueño del territorio argentino.
Qué cambia el proyecto
Además del nuevo límite del 25% por provincia, la iniciativa establece que todas las operaciones de compra de tierras rurales realizadas por extranjeros deberán quedar registradas en los organismos inmobiliarios provinciales, donde también deberá constar la nacionalidad del adquirente.
El proyecto también introduce modificaciones al régimen de expropiaciones. Entre otros puntos, dispone que la declaración de utilidad pública tenga una interpretación más restrictiva y que toda expropiación sea considerada idónea, necesaria y proporcional al interés público invocado.
La iniciativa será debatida este jueves en el Senado, en una sesión que aparece como una de las más importantes para la agenda legislativa impulsada por el Gobierno nacional.