El segundo aborto no punible en San Juan, más hermético y menos escandaloso

El 27 de agosto pasado, San Juan fue noticia a nivel nacional por un aborto no punible que fue ejecutado en medio de un escándalo. Un grupo de médicos intentó impedir que se le realizara la interrupción del embarazado, a una nena de 14 años con retraso madurativo que había sido violada, luego de que su madre solicitara ese legrado.
Sucedió en medio de un revuelo gestado por los grupos Provida que le advirtieron a la prensa de la situación. Las cámaras de seguridad del Hospital Rawson tomaron como prueba la irrupción de tres profesionales: Federico Antequeda (ginecólogo), Federico Bazán (ecógrafo) y Paola Miers (abogada).

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En ese momento, la causa se había judicializado (al igual que ahora) bajo un pedido de la familia que se amparó en el artículo 86, incido 2, del Código Penal que justifica la no punibilidad de la interrupción de un embarazo ante determinadas circunstancias.
Pero no ocurrió como lo indica la ley, ya que la noticia trascendió antes de la operación y eso provocó un fuerte repudio por parte de los sectores provida. A la menor la interceptaron en la habitación, antes de que sea preparada para la cirugía, y le realizaron una ecografía ya que habían manifestado las fuentes oficiales que el bebé no estaba con vida. Pese a que los profesionales intentaron evitarlo, el aborto se realizó.
Eso es precisamente lo que intentaron evitar esta vez y surgió una estrategia evasiva. La fiscal Claudia Salica apareció en los medios locales y nacionales a confirmar fecha y hora de la supuesta Cámara Gesell, que ya se le había realizado a la menor. Esto sería lo que no se cumplió porque, para esa hora, estaba prevista la cirugía, del otro lado de la ciudad.