La investigación estuvo a cargo del fiscal Guillermo Heredia, de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, quien sostuvo durante el debate que las denuncias que llegaron a juicio podrían representar solo una parte de las personas afectadas por la maniobra.
Según la acusación, Algarilla ofrecía capacitaciones que prometían una rápida salida laboral en ámbitos forenses y mortuorios. Para ello, habría construido durante años una imagen profesional que carecía de respaldo académico e institucional.
Durante el juicio, varios exalumnos relataron situaciones que encendieron las alarmas. Entre ellas, aseguraron haber participado en prácticas con restos humanos sin las medidas de seguridad correspondientes y señalaron que algunas actividades se realizaban dentro de la morgue del Hospital Marcial Quiroga, donde el acusado trabajaba antes de ser desvinculado.
También declararon representantes de instituciones vinculadas a la difusión de los cursos. La directora del Instituto Eleva, Liliana Belbruno, aseguró que su participación se limitaba al alquiler de espacios y a la promoción de las actividades, negando que existiera algún aval institucional sobre la formación. En tanto, desde el Grupo Sevilla explicaron que únicamente emitían certificados de asistencia y matrículas internas de carácter asociativo, sin validez oficial para ejercer la actividad.
La defensa de Algarilla sostuvo que las denuncias tenían origen en conflictos personales y apuntó contra responsables de instituciones educativas relacionadas con los cursos. Incluso mencionó que una de las directoras involucradas enfrenta actualmente decenas de denuncias por presuntas estafas en una causa que continúa bajo investigación.
Finalmente, el magistrado consideró acreditada la maniobra fraudulenta en los cuatro hechos analizados y dictó la condena. Sin embargo, rechazó el pedido de reparación económica impulsado por la querella y permitió que el condenado continúe en libertad bajo cumplimiento de las condiciones impuestas por la sentencia.
