Antes de finalizar su mandado, Cristina Fernández decretó dejar de descontarle a todas las provincias; y apenas iniciado su período, Macri reinstaló el descuento. Del mismo modo se reclama el cese del 1,9% que se detrae a las jurisdicciones provinciales en favor de la AFIP. Se trata de sumas millonarias que cambian sustancialmente la matriz financiera de las provincia.
Reproches cruzadosLa semana pasada los gobernadores justicialistas frenaron las intenciones del macrismo y de su aliado táctico Sergio Massa, que había elaborado un decreto creando una comisión para discutir cómo dejar de realizar esos descuentos, pero señalando de antemano que sería entre 2017 y 2021.El endurecimiento de la postura de los gobernadores se terminó de decidir con el poco amistoso discurso de Macri ante la Asamblea Legislativa, en la apertura de sesiones del Congreso. Durante las últimas horas hubo reproches cruzados: el massismo le recriminaba a Macri la dureza de su discurso, que alertó a los jefes provinciales peronistas; y el macrismo le reprochaba a Massa haber planteado una metodología de devolución de los fondos (que se descuentan actualmente) sin haber sondeado su aceptación en las provincias.
Vale recordar que el massismo le abrió esa puerta al Gobierno Nacional como alternativa a rechazar en el Congreso el Decreto de Necesidad y Urgencia de Macri que reinstauró los descuentos (excepto a las tres provincias del fallo) dejando sin efecto un decreto anterior de Cristina Fernández.Lo cierto es que en la necesidad del macrismo de conseguir aliados peronistas para intentar aprobar las leyes que permitirían un acuerdo con los fondos buitre durante el fin de semana se enviaron señales amigables a los gobernadores peronistas.
La propuestaSi bien el monto global que la Nación retenía indebidamente a las provincias orilló los 80.000 millones en 2015; ahora se habla de una suma menor puesto que a las tres provincias con fallo favorable ya no se les realiza el descuento.Según lo que trascendió del planteo de los mandatarios provinciales, una parte de lo que deje de descontarse deberá remitirse en efectivo a las provincias. No superaría 10 puntos porcentuales, de un total de 16,9 que se reclaman. El resto podría aceptarse en bonos. Lógicamente, los gobernadores también llevarán una propuesta para recuperar lo descontado en años anteriores (reclamarían lo de los últimos cinco) y que podría saldarse con un bono nacional a largo plazo o bien compensando deuda. La segunda posibilidad mejoraría el perfil de las provincias para salir a buscar financiamiento externo, un plan que tienen la mayoría de los gobernadores.Por la magnitud de los temas y por la reformulación de las reglas en la relación Nación-provincias se trata de un acuerdo de magnitud, en el que ahora los gobernadores quieren poner las condiciones.
