La meta: más empleo sanjuanino en los proyectos mineros
Uno de los principales ejes de la propuesta apunta a que el 80% de los trabajadores de cada operación minera tenga residencia en San Juan, otorgando prioridad a los departamentos directamente vinculados con los proyectos.
Desde el Gobierno provincial señalaron que el objetivo es que el crecimiento de la actividad genere oportunidades laborales concretas para los habitantes de la provincia y contribuya al desarrollo de las comunidades cercanas a los emprendimientos.
Compras locales y oportunidades para las empresas
El proyecto también establece como objetivo que el 60% de las contrataciones de bienes, obras y servicios recaiga en empresas sanjuaninas, siempre que existan condiciones competitivas de calidad, precio y disponibilidad.
Además, las compañías mineras deberán publicar con anticipación sus futuras necesidades de contratación para que las firmas locales puedan prepararse, invertir y adecuar su capacidad productiva para competir por esos contratos.
Crearán un registro de proveedores mineros
La iniciativa contempla la puesta en marcha del Registro de Proveedores Mineros de San Juan (RE.PRO.MIN), una base pública y digital destinada a identificar a las empresas con arraigo real en la provincia.
Para integrar ese registro, las firmas deberán acreditar domicilio operativo en San Juan, tributar localmente y demostrar que al menos el 80% de su personal es sanjuanino.
La norma prevé beneficios para aquellas operadoras que cumplan simultáneamente con los objetivos de empleo y contratación local. Entre ellos, podrán acceder a certificados de crédito fiscal transferibles que podrán ser utilizados por pequeñas y medianas empresas proveedoras para cancelar impuestos provinciales.
El control quedará a cargo del Ministerio de Minería, con el acompañamiento de una unidad técnica interministerial y un consejo consultivo integrado por representantes del sector público y privado.
Una ley en medio del boom minero
El envío del proyecto se produce en momentos en que San Juan concentra algunos de los principales proyectos de cobre del país y recibe inversiones vinculadas al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), con desembolsos proyectados por más de 31.200 millones de dólares.
Desde el Ejecutivo sostienen que la iniciativa busca garantizar que el desarrollo minero no se limite a la extracción de recursos, sino que se traduzca en más empleo, mayor actividad económica y oportunidades para las empresas locales, fortaleciendo el impacto de la minería en toda la provincia.
