A partir de la presentación, se inició una investigación para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer si existió algún ilícito y las eventuales responsabilidades penales correspondientes.
En ese marco, durante los días 7 y 8 de octubre, el fiscal de caso, Iván Grassi, junto a los ayudantes fiscales Pablo Orellano y Victoria Martín, llevó adelante un allanamiento en el edificio municipal.
El procedimiento fue realizado a partir de una orden judicial emitida por el juez de Garantías interviniente y permitió secuestrar documentación oficial que estaría vinculada con los hechos denunciados.
Además, durante ambas jornadas se tomaron declaraciones y entrevistas a distintas personas que podrían aportar información relevante para avanzar en el esclarecimiento del caso.
Desde la UFI Delitos Especiales señalaron que las medidas forman parte de las tareas destinadas a reunir elementos de prueba que permitan determinar las circunstancias en las que se produjo la presunta irregularidad.
La causa continúa en etapa de investigación y, por el momento, no se informó sobre imputaciones. En este proceso se mantienen vigentes las garantías y derechos de todas las personas involucradas, de acuerdo con las normas del proceso penal.