El acuerdo también establece que la Delegación Presidencial de la Región de Coquimbo deberá remitir a la Secretaría de Relaciones Institucionales de San Juan documentación detallada sobre los crianceros que participarán: identificación personal, cantidad de animales, RUCO correspondiente, contratos de talaje y certificados zoosanitarios emitidos por el SAG. A ello se suma la obligación de presentar una Declaración Jurada sobre productos que puedan generar residuos peligrosos, la cual será verificada por las autoridades argentinas.
Además, el convenio refuerza las prohibiciones ya vigentes en materia ambiental: no se permitirá la caza, la pesca, la tenencia de armas ni la alteración de cursos de agua. El control operativo quedará a cargo de una coordinación binacional entre la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, la Secretaría de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno, Carabineros de Chile y Gendarmería Nacional Argentina.
De la firma participaron, junto a la ministra Palma, el secretario de Ambiente Federico Ríos; la secretaria de Relaciones Institucionales Claudia Sarmiento; la delegada de Migraciones Carolina Velasco; la representante de Aduana Milagros Racana; el representante de Recursos Hídricos David Devia; y Sergio Daniel Rossi por SENASA. Más tarde se sumó, vía videollamada, el delegado presidencial regional de Coquimbo, Galo Luna Penna.
