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Entre proteger al consumidor y ahogar a las pymes: el debate sobre octógonos
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Entre proteger al consumidor y ahogar a las pymes: el debate sobre octógonos

Pymes con envases imposibles, kioscos escolares que venden lo que la ley prohíbe y consumidores sin información: En San Juan, industria y nutricionistas advierten que el debate recién empieza.

Están en casi todos los paquetes del supermercado. Son negros, octagonales y advierten sobre exceso de azúcar, sodio, grasas o calorías. Desde 2021, los octógonos de la Ley de Etiquetado Frontal cambiaron la cara de las góndolas argentinas. Ahora, el Gobierno de Javier Milei quiere eliminarlos.

El proyecto para derogar por completo la Ley 27.642 ingresó formalmente al Congreso en los últimos días de mayo, firmado por el propio presidente junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones. Lo que se abrió a partir de ese momento es uno de los debates más complejos de la agenda pública: uno donde la salud, la industria, el marketing, las pymes y los derechos del consumidor chocan en el mismo punto.

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Qué es y qué hace realmente la ley

Para entender por qué el debate genera tanta tensión, primero hay que entender qué es lo que realmente está en juego. La Ley 27.642 no es solo la ley de los octógonos. Es mucho más que eso.

Sí, establece los sellos negros que advierten sobre excesos de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales, calorías y edulcorantes. Pero además prohíbe que los productos con al menos un octógono usen personajes infantiles, animaciones, celebridades o deportistas en sus envases. Impide que esos mismos productos sean vendidos, comercializados o distribuidos en establecimientos educativos. Regula la publicidad dirigida a niños y adolescentes. Y establece criterios nutricionales para las compras públicas del Estado.

Es decir: si se deroga la ley, no desaparecen solo los octógonos. Desaparece toda esa estructura regulatoria de un solo golpe, sin un sistema de reemplazo inmediato definido en el proyecto oficial.

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Eso es exactamente lo que preocupa a más de 300 organizaciones de salud, nutrición y sociedad civil que ya salieron a rechazar la iniciativa, entre ellas FAGRAN, Fundación SANAR y FIC Argentina. "La propuesta oficialismo generó una profunda alarma. La Ley 27.642 no solo establece sellos de advertencia; también regula la publicidad de productos ultraprocesados dirigida a infancias, promueve entornos escolares saludables y prohíbe estrategias de marketing en alimentos con excesos. Su eliminación implicaría desmantelar por completo el sistema de protección de manera inmediata", expresaron en conjunto.

La mirada desde San Juan: buena intención, mala aplicación

Desde el sector industrial sanjuanino, la postura es matizada pero firme. Una fuente cercana a la Secretaría de Industria provincial analizó en detalle la norma para sanjuan8.com y fue directa desde el arranque: la ley tuvo un fin excelente, pero en su aplicación acumuló demasiadas contradicciones que la volvieron inaplicable en varios puntos.

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"La finalidad de la ley fue muy buena, que es informar al consumidor sobre los aspectos relacionados con la salud. Pero nos pasamos de rosca en algunos temas", señaló la fuente. Y fue más allá: "Los argentinos somos bárbaros, nos pasamos de la raya creando leyes que después son imposibles de cumplir."

Uno de los ejemplos más concretos que mencionó tiene que ver con el tamaño físico de los octógonos. "Hubo productos, envases de chicles por ejemplo, donde los octógonos eran más grandes que la marca misma. Hay reglamentación sobre el tamaño de la marca y los octógonos la superaban", explicó. Ese problema, señaló, golpea especialmente a las pequeñas empresas que no tienen los recursos de diseño que tienen las grandes. Su conclusión fue lapidaria: "Este etiquetado favoreció a las grandes, no a las chicas."

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Desde la salud, la nutricionista Cecilia Salvá refuerza esa lectura pero desde otro ángulo. Consultada por sanjuan8.com, fue clara: "Desde el área de la industria alimentaria se ven perjudicados, pero desde mi punto de vista son excusas, porque a ellos les bajan muchísimo las ventas de los productos que antes llamaban la atención con marketing y que ahora no lo llaman."

Para Salvá, el fondo del debate no es técnico ni regulatorio. Es económico. Y detrás de los argumentos sobre costos y armonización regional hay una realidad más simple: los octógonos funcionaron como barrera de ventas para productos que antes se vendían bien precisamente porque el consumidor no sabía lo que contenían.

La contradicción más grande: lo que la ley prohíbe y nadie cumple

Uno de los puntos más reveladores de la conversación con la fuente industrial sanjuanina fue cuando habló de las prohibiciones que la propia ley establece y que, en la práctica, nadie cumple.

La norma es taxativa: los productos con al menos un octógono negro no pueden ser vendidos, comercializados ni distribuidos en establecimientos educativos. Eso incluye, por ejemplo, a las gaseosas azucaradas, los alfajores y prácticamente cualquier producto de kiosco. "¿Se está aplicando eso? No, la verdad que no", reconoció sin rodeos. "Vas a los kioscos de las escuelas y se vende Coca-Cola. Y según la ley, no se podría vender."

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Lo mismo ocurre con la prohibición de usar personajes, animaciones o deportistas en los envases de productos con sellos. "¿Eso se está cumpliendo? La verdad que no. Hay promociones. Muchas", señaló.

Salvá, desde su perspectiva como nutricionista, entiende el espíritu de esas restricciones aunque reconoce que su aplicación es compleja. "Antes teníamos los azucaritas, que tenían el león, y ahora se había modificado que no pueden tener ninguna caricatura ni nada llamativo. Y no eran nada saludables. Eran puramente azúcar. Pero como tenían un dibujo tenían un enfoque más de niño y uno imaginaba que cubría las necesidades del chico, pero no lo era", recordó.

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Esa es la tensión central del debate: una ley que tenía buenas razones de fondo pero que en la práctica generó tantas restricciones que nadie terminó de cumplirlas del todo.

Una desigualdad dentro de la propia ley

Hay otro punto que la fuente industrial sanjuanina señaló y que pone en evidencia una inconsistencia de fondo en la norma: las bebidas alcohólicas quedaron excluidas de varias de las restricciones más estrictas.

"Un alfajor no puede llevar una foto de Messi o de cualquier deportista, pero la cerveza sí puede llevar la promoción de la bandera argentina o de algún jugador. Hay cosas que no están bien. No hay una igualdad ante la ley", afirmó. Y apuntó que esa exclusión no fue casual: uno de los impulsores de la norma fue el ex senador mendocino Julio Cobos, y la vitivinicultura quedó protegida. "Está siendo inclusive más permisivo con lo que supuestamente es más nocivo", sentenció.

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Esa desigualdad es precisamente uno de los argumentos que usa la industria para señalar que la ley no fue diseñada con criterios puramente sanitarios, sino que también respondió a intereses sectoriales específicos.

Qué dice la salud: informar antes de decidir

Para Salvá, más allá de las críticas puntuales que puedan hacerse a la norma, hay un principio que no debería negociarse: el derecho del consumidor a saber qué está comprando. "Lo que se intenta hacer es informar y tener la opción de que yo sé qué tiene esto y qué no, y de ahí yo decido si lo elijo o no. Pero informar", resumió.

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Su argumento es especialmente fuerte cuando habla de la población que menos herramientas tiene para leer una tabla nutricional. "Salvo que vayas a la nutricionista que te enseñe a leer las etiquetas en la parte de atrás, tenés que tener a alguien que te enseñe. La gran mayoría de la población no lo sabe", explicó. Los octógonos resuelven eso de un vistazo, sin necesidad de formación específica.

Y puso un ejemplo que ilustra bien el punto: las barritas de cereal. "Nosotros apuntamos mucho a las barritas de cereal como colación y quizás no nos damos cuenta de que esas mismas barritas tenían un exceso alto en azúcares y pensábamos que eran una colación óptima. Esto nos ayuda a seleccionar mejor o hacer una mejor compra alimentaria", sostuvo.

Lo que viene: reforma o derogación total

Desde la secretaría de Industria, la postura fue clara y en ese punto coincide con las organizaciones de salud, aunque por razones distintas: "Todo país necesita una ley que tenga que ver con la salud pública y productos saludables. No podemos derogarla por completo. Pero la ley actual no es buena." Su propuesta es una ley nueva, superadora, que mantenga la esencia informativa pero corrija las contradicciones y la inaplicabilidad de la norma actual.

El problema es que el proyecto del Ejecutivo no ofrece eso. Propone derogar la ley vigente con entrada en vigencia inmediata a partir de su publicación en el Boletín Oficial, sin un sistema de reemplazo definido. Eso genera un vacío regulatorio que preocupa tanto a los sectores de salud como a las propias empresas, que ya invirtieron millones en adaptarse a los estándares actuales y no saben bajo qué reglas van a competir si todo cambia de golpe.

Las comisiones de Industria y Comercio de Diputados ya se preparan para recibir a representantes de las cámaras alimenticias. El debate legislativo promete ser tan intenso como el que se dio hace cinco años cuando la ley se sancionó. Y en el medio de todo eso, en las góndolas del país, los octógonos negros siguen ahí, al menos por ahora.

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