La solicitud responde a los tiempos de transferencia de los recursos. Como antecedente, el FODERE 2025 fue aprobado en junio de ese año y el primer depósito se concretó en noviembre. Actualmente, el Municipio ya presentó la documentación correspondiente para gestionar el segundo pago, luego de haberse efectuado el primero. La empresa constructora se encuentra al día con sus pagos y la Municipalidad no registra deudas con ella. En caso de utilizarse los fondos autorizados, estos serán restituidos a Rentas Generales una vez recibidas las transferencias correspondientes.
Cabe destacar que durante octubre, la obra recibió la visita de funcionarios del Ministerio de Infraestructura y personal responsable de las inspecciones del FODERE, quienes destacaron el orden de las cuentas y de la documentación correspondiente a los certificados de obra. Todas las rendiciones y certificaciones se encuentran disponibles para acreditar la transparencia y el cumplimiento de los procedimientos administrativos.
Asimismo, este mecanismo presupuestario no constituye una novedad. Entre 2015 y 2023 fue utilizado en al menos cuatro oportunidades durante gestiones municipales anteriores, con las correspondientes autorizaciones del Concejo Deliberante, sin que entonces se interpretara como una irregularidad administrativa o financiera. Cabe recordar que en ese periodo, la actual intendenta fue concejala.
En este contexto, desde el Ejecutivo se considera desacertado que una parte del Concejo Deliberante haya utilizado el término “destrabar” para referirse a una obra que nunca estuvo paralizada y que mantiene su ritmo de ejecución. La autorización fue solicitada por el propio Municipio para anticiparse a eventuales necesidades de financiamiento, y no para resolver una situación de desorden en sus cuentas.
También resulta contradictorio que un sector del cuerpo deliberativo, que anteriormente puso obstáculos al tratamiento de iniciativas como el presupuesto municipal y la ordenanza tributaria, y promovió la derogación del régimen de subastas, presente ahora la aprobación de una herramienta administrativa habitual como la solución a un supuesto problema del Ejecutivo. La responsabilidad institucional exige acompañar las iniciativas que benefician a los vecinos, respetando las funciones de cada poder y evitando interpretaciones políticas que distorsionen el sentido de las decisiones administrativas.