Durante la audiencia, el fiscal Iván Grassi sostuvo que “el hecho investigado no encuadra en una figura legal penal” y explicó que la intervención del magistrado consistió en una sugerencia, sin que existiera una orden formal ni una injerencia indebida en funciones ajenas.
El caso se originó el 7 de abril de 2025, tras una denuncia presentada por la entonces fiscal de Flagrancia, María Paula Carena. Dos días antes, un hombre identificado como José Benito Martín había sido detenido por una presunta estafa y alojado en la Comisaría 4ª. En ese contexto, Montilla se comunicó con la dependencia policial, manifestó conocer al detenido y sugirió su traslado a un hogar de adultos mayores.
Esa situación derivó en la intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, que avanzó con la imputación. No obstante, a lo largo de la Investigación Penal Preparatoria, se descartó que hubiera existido una orden o un accionar que implicara el ejercicio indebido de autoridad.
En esa línea, la ayudante fiscal Victoria Martín afirmó que no se observaron actos propios de la investidura judicial en la conducta de Montilla, ni una intromisión en competencias ajenas.
Pese al cierre del expediente penal, el caso tendrá continuidad en el plano institucional. Según pudo confirmar este medio, fue el propio fiscal quien solicitó que se remita copia del dictamen a la Sala de Superintendencia de la Corte para que se evalúe el accionar del magistrado desde el punto de vista administrativo o disciplinario.
En ese sentido, Grassi había calificado la conducta como “extraña e inusual” y promovió ese análisis por fuera del ámbito penal. El planteo fue objetado por la defensa, a cargo de Alejandro Martín García, aunque se dejó constancia de que se trata de una iniciativa del Ministerio Público.
De esta manera, Montilla quedó desvinculado de responsabilidad penal, aunque su actuación seguirá bajo análisis en otra esfera, lo que mantiene abierto el capítulo institucional del caso.
